Ministerio Público asignará código reservado para proteger a transportistas y comerciantes que denuncien extorsión

El Ministerio Público asignará un código reservado para proteger la identidad de los transportistas y comerciantes que denuncien casos de extorsión.

Así lo anunció en La Rotativa del Aire el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, quien detalló que, a partir de este jueves, los fiscales comenzarán a aplicar esta medida.

Esto permitirá -dijo- que las víctimas de extorsión presenten denuncias verbales o escritas sin que sus datos personales o domicilio figuren en la declaración oficial. 

El procedimiento consiste en que el fiscal entreviste a la persona y le asigne dicho código antes de procesar su testimonio, garantizando que el fiscal provincial sea el único funcionario con acceso a su identidad real.

“Una vez que lo entrevistan a esta persona, el fiscal le va a brindar, le va a dar un código de reserva. Una vez que le ha dado el código de reserva, recién le va a tomar su declaración”, declaró Chávez Cotrina.

“Ya con el código, en su declaración, no va a aparecer sus datos ni su domicilio. Inmediatamente, dispondrá el inicio de las inversiones preliminares, conjuntamente con nuestra Policía Nacional”, añadió.

Protección a las víctimas

El fiscal añadió que, si el caso lo amerita, se brindará protección a las víctimas o testigos.

Chávez Cotrina indicó que, para la ejecución de este plan, el sistema cuenta en Lima Centro con 16 despachos provinciales y sus respectivos equipos de trabajo, con competencia a nivel nacional. 

Asimismo, el Ministerio Público dispone de sedes en casi todos los departamentos de la República, mencionando específicamente oficinas en el Callao, Ventanilla, Tumbes, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Huaura.

En un comunicado, la Fiscalía de la Nación destacó la implementación de esta medida, dirigida a “proteger la identidad de los transportistas y comerciantes víctimas de graves delitos que atentan contra sus vidas y de sus familias”.

“Estos lineamientos establecen un mecanismo excepcional de protección de la identidad del denunciante, mediante la asignación de un código reservado desde la etapa inicial de la investigación fiscal, con lo que se reduce los riesgos de exposición y represalias que enfrentan las víctimas y testigos al colaborar con las investigaciones”, se lee en el documento.

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