Futbolista Roberto Siucho estaría implicado en organización criminal dedicada a la minería ilegal, según Punto Final

Roberto Siucho, exjugador de Universitario de Deportes, estaría envuelto como miembro de una presunta organización criminal denominada 'El Siuchon' que opera en Piura, cerca a la frontera con Ecuador. Así lo reveló el programa Punto Final, al darse a conocer cómo el exfutbolista y sus hermanos manejarían negocios a través de la minería ilegal.

Según información policial, la empresa peruana Quantico recibió 13 millones de dólares en ganancias el año pasado por la exportación de oro fino. Tanto la PNP como la Fiscalía iniciaron una investigación preliminar por lavado de activos contra los dueños de dicha compañía que son los hermanos Siucho, de quienes se sospecha son parte de una organización criminal.

La Fiscalía señaló en sus investigaciones que Roberto Siucho sería el financista de la organización criminal. Entre los implicados también se encuentran sus familiares Francisco, Jaime y Martin Siucho Neira. Los implicados al grupo 'Siuchon' extraerían minerales ilícitamente para después exportarlos fuera del país. La Policía Nacional ya tiene realizado un organigrama de los principales financistas y gestores de esta presunta banda.

"Es todo un tejido de corrupción y trata infantil que siempre crecen en torno a este tipo de actividades ilícitas", mencionó José Luis Barrenzuela, especialista en minería informal. Quantico supuestamente extrae el oro a través de una concesión minera llamada el War War, pero Punto Final acudió hasta el lugar y descubrió que la zona se encuentra abandonada durante años.

Las autoridades no descartan que funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas de Piura hayan recibido dádivas por parte de la presunta organización criminal.

20 líderes indígenas fueron asesinados en los últimos años

Al menos unos 20 líderes indígenas y defensores de la Amazonía han sido asesinados por criminales vinculados con el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de tierras, según datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Mar Pérez Aguilera, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de esta institución, consideró que desde el Estado no hay la voluntad política para proteger a los defensores medioambientales, porque las medidas de protección solo quedan en el papel y ni siquiera hay un sol para ejecutar las acciones de resguardo. Además, se ha desactivado, desde el año pasado, la Mesa de Personas Defensoras del Ministerio de Justicia.

Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que la situación de los pueblos indígenas es preocupante, ya que la falta de presencia del Estado y de acceso a la justicia son alicientes para que las actividades ilegales sigan avanzando y los crímenes sigan en la impunidad, es por eso que los dirigentes nativos, la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora de Derechos Humanos claman a una sola voz que el Congreso de la República ratifique el acuerdo internacional Escazú para proteger la Amazonía y la vida de los defensores de los bosques.