Rutas de Lima afirmó que la falta de ingresos hace inviable seguir operando las vías y pidió a la Municipalidad de Lima asumir la concesión este miércoles.
Rutas de Lima (RDL) invocó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a recibir formalmente la concesión de las vías este miércoles 3 de diciembre, al señalar que no cuentan con las condiciones necesarias para seguir operando más allá de esa fecha ante “la falta de ingresos”.
A través de un comunicado, la concesionaria informó que durante las últimas tres semanas solicitó reiteradamente reuniones técnicas de coordinación con la comuna capitalina a fin de llevar a cabo “un traspaso pacífico y ordenado”.
No obstante, aseguró que la municipalidad se habría negado a participar, por lo que la primera reunión “recién pudo realizarse el 1 de diciembre”.
Ante ello, y con el propósito de asegurar un traspaso sin afectar a los usuarios, Rutas de Lima sostuvo que realizó esfuerzos para extender temporalmente sus operaciones y no dejar de funcionar este 2 de diciembre.
“Este esfuerzo ha permitido que se diera una segunda reunión técnica hoy, martes 2 de diciembre, e, incluso, que pueda programarse una tercera reunión técnica para mañana, miércoles 3 de diciembre”, mencionó.
Sin embargo, la empresa advirtió que atraviesan una crítica situación financiera por la falta de ingresos, lo que hace imposible continuar operando las vías concesionadas después del 3 de diciembre.
En ese sentido, indicó que, conforme al artículo 1432 del Código Civil, el Contrato de Concesión “quedaría resuelto de pleno derecho el miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 11:59 p.m.”.
“RDL reitera que no está abandonando la concesión, pero le es materialmente imposible seguir operando las vías concesionadas, situación generada como consecuencia de las acciones de distintas entidades del propio Estado peruano, incluida la MML, la cual ha actuado pública y reiteradamente para lograr que RDL sea privada de todas sus fuentes de ingreso”, manifestó.
Finalmente, Rutas de Lima precisó que lo comunicado no “implica una renuncia de derechos” y que tanto la empresa como sus accionistas “se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano”.