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El Poder Ejecutivo informó que con esta iniciativa buscan fortalecer la prevención y la lucha contra el robo y comercio ilegal de celulares en el país.
El Gobierno promulgó este miércoles el Decreto Legislativo que condena hasta con 30 años de cárcel los robos de teléfonos móviles y equipos informáticos, si existe el agravante del uso de explosivos o vehículos motorizados para cometer el delito.
La medida se da en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso en seguridad ciudadana. Esta modifica el Código Penal en la figura de robo agravado e incorpora el robo de equipos terminales móviles, informáticos u otros similares, como agravante.
Ahora el que roba un teléfono celular será sancionado con pena de 12 a 20 años. La sentencia podría ser de 20 a 30 años cuando el acusado utilice explosivos o vehículos motorizados para cometer el delito.
El Decreto Legislativo señala también que será reprimido con pena de cárcel no menor de cuatro ni mayor de seis años, con sesenta (60) a trescientos sesenta y cinco (365) días multa, el que altere, reemplace, duplique, clone, o de cualquier modo modifique un número de línea, o identificador de la tarjeta SIM, o identificador de la Identidad Internacional del Abonado Móvil o del IMEI o MAC lógico o físico o de cualquier otro dispositivo similar.
Por otro lado, el que provee, comercialice o facilite la adquisición de SIM Card activados pudiendo presumir razonablemente que su uso es para la comisión de delitos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con inhabilitación conforme al numeral 4 del artículo 36 del Código Penal.
El que tenga bajo su disposición, en exhibición para su distribución, o para la venta o comercialización, equipos terminales móviles, número de línea, o de serie electrónico, o de serie mecánico, o de IMEI lógico o físico, alterado, reemplazado, duplicado o de cualquier modo modificados, recibirá una sentencia no menor de dos ni mayor de cuatro años de cárcel.
Piden archivar denuncias de terroristas
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, pidió este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) archivar las demandas contra el Estado peruano que plantearon los terroristas Florindo Flores Hala (cámara ‘Artemio’) y Víctor Polay Campos, quienes cuestionaron sus procesos judiciales y las condiciones carcelarias que “vulnerarían” sus derechos.
Durante su intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en Washington (Estados Unidos), el primer ministro fue enfático al precisar que el Estado peruano rechaza que la CIDH haya admitido a trámite las peticiones de ambos cabecillas terroristas.
“La posición del Estado peruano respecto a nuestra seria discrepancia con algunas decisiones, como aquellas que han significado la admisión a trámite de peticiones de líderes terroristas, hecho que ofende la memoria de miles de compatriotas; cruelmente asesinados por estos grupos delincuenciales”, alegó.
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Pedro Luis Ramos Martinez Periodista
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