El juez Renzo Subiria Ruiz impuso esta medida al entonces director de Aviación Policial, el General PNP Alfredo Vildoso Rojas y otros tres oficiales asignados a esta dependencia policial.
El Poder Judicial dicto 18 meses de prisión preventiva contra cuatro jefes policiales y un empresario por las presuntas irregularidades detectadas en la adquisición de más de 20 mil mascarillas y otros equipos de bioseguridad para el personal de la Dirección de Aviación Policial valorizados en más de dos millones de soles.
Se trata del entonces director de Aviación Policial, el General PNP Alfredo Vildoso Rojas, el jefe del Área de Logística Omar Puente Auccapoma, el jefe de Almacén General Jesus Benancio Cisneros, el Teniente de la Policía Leonardo Oblitas Bozovich y su hermano Patrick Oblitas Bozovich, gerente de ventas de la empresa Ka´linson Perú S.A.C..
La medida fue adoptada, en una audiencia virtual, por el titular del Primer juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio del Callao, Renzo Subiría Ruiz, quien dispuso que la medida impuesta a estas cinco personas será computada desde el 22 de agosto del 2020, fecha en la que fueron detenidos, hasta el 21 de febrero del 2022.
El magistrado acogió en parte el pedido que hizo el fiscal anticorrupción del Callao, Francisco Alarcón Solis, quien había solicitado 36 meses de prisión preventiva contra estas personas tras iniciarles una investigación preparatoria por este caso.
El juez Subiría Ruiz también declaró infundado el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el jefe de la Unidad de Administración de la Dirección de Aviación Policial, Enrique Samame Sánchez; el jefe de la División de Seguridad Aérea, Oscar Arones Canova; el Alférez de la Policía, Pool Jhansen Olortegui Yauli; y los abogados Miguel Vásquez Neyra, José Vivanco Jaime y Luisa Carrillo Vasquez, implicados en el caso
El magistrado dispuso que todos ellos afronten esta investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones bajo reglas de conducta como la de no ausentarse del lugar donde residen ni cambiar de domicilio sin previo aviso a la autoridad competente, no tener comunicación con sus coprocesados y testigos bajo apercibimiento o advertencia de revocarse la medida dictada por prisión preventiva en caso de incumplimiento.
La defensa legal de las cinco personas para quienes se dictó prisión preventiva por 18 meses apelará esta decisión para que sea revisada por la instancia superior. En tanto, el fiscal Alarcón también apelará el fallo en los extremos del plazo de la prisión preventiva ya que había solicitado que sea por 36 meses y por haber excluido el delito de organización criminal.
Malas prácticas: el caso
El jueves 22 de agosto se detuvo a todos los implicados por la presunta compra irregular de más de 20 mil mascarillas N95 y otros productos de bioseguridad y limpieza contra la COVID-19, adquiridos para el personal de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol ).
Los productos fueron adquiridos a la empresa Ka´linson Perú S.A.C. y de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, las mascarillas no serían las idóneas para el personal encargado de trasladar a enfermos y fallecidos por el nuevo coronavirus y que aparentemente los implicados habrían participado de un plan destinado a concertar y direccionar un proceso de contratación directa a favor de la empresa proveedora.
Según la Fiscalía, dicha empresa habría servido de fachada en el mencionado proceso de adquisición pues las mascarillas que vendió a la Diravpol serían las mismas que está compró a un tercero, a través de la empresa Bozovich y Asociados Safety S.A.C., cuyos socios son el teniente de la Policía Leonardo Oblitas, su hermano Patrick Oblitas y la madre de ambos.
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