Poder Judicial hizo precisión sobre caso de maternidad subrogada. | Fuente: Foto: Andina

La Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables del Poder Judicial consideró que, ante nuevas pruebas, los jueces deben revisar de inmediato medidas de prisión preventiva dictadas para la cesación de estas "a fin de evitar o superar situaciones de injusticia".

El caso de maternidad subrogada, o comúnmente llamado ‘vientre de alquiler’, hace referencia a la situación de una pareja de esposos de nacionalidad chilena que fueron detenidos y posteriormente encarcelados de manera preventiva acusados de trata de personas por intentar sacar a unos bebés que habrían concebido por la modalidad de maternidad subrogada.

Rosario Madueño y su esposo Jorge Tovar llegaron en 2013 para iniciar el proceso de reproducción asistida y, tras diversos intentos, optaron por la gestación subrogada. Para ello contrataron a una mujer que mantuviera en su vientre al óvulo fecundado, procedimiento que fue realizado en una clínica y producto de lo cual nacieron unos mellizos. Sin embargo, la pareja fue detenida el 25 de agosto cuando estaban a punto de embarcarse rumbo a Chile.

Al respecto, Luis Felipe Cortez, abogado de los ciudadanos chilenos, destacó el pronunciamiento del Poder Judicial y calificó de "mal paso" la decisión de la jueza. Asimismo, informó que la prueba de ADN realizada en un laboratorio privado confirmó que Jorge Tovar es el padre biológico. No obstante, advirtió que la prueba de medicina legal (prueba estatal) podría tardar un mes debido a problemas logísticos.

En ese sentido, precisó que este documento será llevado a la Fiscalía para que con esta prueba se pueda lograr, por lo menos, que se le revoque la prisión preventiva y se les cambie a otra medida restrictiva como el impedimento de salida del país. "Lo que se trata acá es de usar ese resultado. Si bien no es del médico legista, ahora el Estado va a tener una presunción a favor de nosotros porque es bastante contundente este resultado", señaló.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la pareja habría tratado de robar a los bebés. De no lograr probar su inocencia, los esposos podrían afrontar una pena de 25 años de cárcel por el delito de trata de menores. En tanto, la defensa de los esposos, Luis Felipe Cortez, apuntó que Madueño recurrió a este método luego de haber tenido 12 embarazos fallidos. Incluso, contó que tuvo un aborto involuntario cuando ya llevaba una gestación de cinco meses.

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