Los esposos chilenos fueron encarcelados este lunes en las prisiones de Ancón II y Sarita Colonia del Callao de manera preventiva, luego de que fueran detenidos el 25 de agosto en el aeropuerto internacional de Lima cuando intentaban volver a su país con los bebés. | Fuente: La Cuarta

El Ministerio Público aceptó este miércoles a que se someta a un examen de ADN a la pareja de ciudadanos chilenos que fueron detenidos por presunta trata de personas, luego de que intentaran salir del país con dos bebés concebidos mediante un vientre de alquiler.

A través de un comunicado publicado en la cuenta de Twitter del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH), explicaron que la decisión fue tomada por la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas del Callao tras un pedido formulado por la Defensa Pública de ese sector. La prueba se realizará este jueves.

Explicaron, además, que la prueba se realizará para determinar si los chilenos Jorge Tovar Pérez y Rosario Madueño Atalaya “son los padres biológicos de los niños con iniciales M.T.M. y R.T.M”. Agregaron que con esta decisión se busca proteger a los menores.

Encarcelamiento

Los esposos chilenos fueron encarcelados este lunes en las prisiones de Ancón II y el penal Sarita Colonia Callao de manera preventiva por doce meses mientras continúan las investigaciones del caso, tras haber sido arrestados el 25 de agosto en el aeropuerto internacional de Lima cuando intentaban volver a su país con los bebés.

Al respecto, el MinjusDH señaló hoy que la detención se produjo porque "al existir información discordante, las autoridades consideraron que podría tratarse de un posible caso de trata de personas".

Agregó que la Defensa Pública del ministerio "está en permanente coordinación" con el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (Inabif) "ya que los menores se encuentran protegidos en un albergue de dicha institución". Acotaron también que los ciudadanos chilenos ya cuentan con defensa particular.

Pronunciamiento de Defensoría

Tras revisar el caso, la Defensoría del Pueblo consideró hoy que la pareja no incurrió en un delito de trata de personas como le imputa la Fiscalía porque "los niños serían fruto de un proceso de maternidad subrogada, situación que no se ajusta al ilícito penal que sanciona la venta de niños".

La adjunta para la Niñez y la Adolescencia, Matilde Cobeña, informó que la Defensoría ha tomado acciones para garantizar el bienestar de los niños, que se encuentran en un Centro de Acogida Residencial del Inabif.

De llegar a juicio y ser declarados culpables, la pareja podría afrontar una pena no menor de 25 años de cárcel por el delito de trata de personas, aunque en Perú la maternidad subrogada no cuenta con un marco normativo explícito que la regule, por lo que no está permitida ni prohibida. EFE

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