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por Redacción RPP
·El abogado experto en concesiones y arbitrajes también se refirió a los allanamientos a empresas que realizó Fiscalía por el caso que involucra a la exalcaldesa Susana Villarán.
Juan Carlos Salinas abogado experto en concesiones y arbitrajes consideró este martes que las asociaciones público-privadas se han visto afectadas por la corrupción en las concesiones de infraestructura bajo ese mecanismo.
En declaraciones a Todo se sabe de RPP Noticias, el letrado explicó que en los últimos años el sistema se ha perjudicado por los actos de corrupción durante la gesta de diversos proyectos. En esa línea, explicó que esta "demonización" podría generar que los funcionarios no quieran arriesgar y ya no apuesten por este tipo de asociaciones.
Asimismo, indicó que esto también afecta al país, pues dicho mecanismo contribuye al cierre de brechas en el tema de infraestructura y servicios públicos.
“El hecho de que eventualmente, pues, el costo reputacional que implique ver si un funcionario involucrado en la prensa, por actos en algunos casos y en muchos probablemente injustamente, genera esta especie de aversión al riesgo del funcionario público paraliza decisiones a nivel de la administración pública”, dijo.
“(Esto) priva al país eventualmente de este esquema que es un esquema muy interesante de asociación con los privados para poder compartir riesgos y recursos finalmente para poder lograr lo que el país necesita, que es el cierre de brechas en infraestructura y en servicios públicos”, añadió.
Sobre allanamientos por caso de Susana Villarán
El abogado se pronunció también respecto del allanamiento que realizó Fiscalía a las empresas Lima Expresa SAC y Vinci Highways Perú SAC, así como al estudio de abogados Echecopar, en el marco del proceso que se le sigue a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Según explicó, llama la atención que el Ministerio Público haya involucrado en la diligencia a la empresa Vinci Highways que adquirió la participación accionaria de la concesionaria Línea Amarilla, pues esta empresa se hizo de las acciones en 2016, luego de que se conociera la trama de corrupción en dicha obra.
“Aparentemente por lo que ha trascendido de la orden de allanamiento, lo que se estaría tratando de recabar es información con relación a las transferencias accionarias de la concesionaria y eso parecería estar orientado a un caso fiscal que pretende probar alguna tesis de actos indebidos en estas transferencias, pero por lo que hemos visto o por lo que sabemos, como se recuerda todo el problema está asociado con la gestión de Susana Villarán que es de 2013 y en particular con la firma de la primera adenda que genera mayor problema en todo este proceso de concesión”, dijo.
“Aquí lo cierto y concreto es que la transferencia de participaciones accionarias se produjo en 2016 y si eventualmente algún hecho ilícito se pudo haber producido está focalizado en 2013 y Vinci no tendría ninguna participación en estos casos por un tema de temporalidad”, manifestó.
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