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por Redacción RPP
·La organización de derechos humanos publicó un informe en que analiza la responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en las protestas sociales y detalla las decisiones clave tomadas por la presidenta Dina Boluarte como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que, subraya, ameritan que "los fiscales evalúen su responsabilidad penal individual en sus investigaciones en curso".
La presidenta de la República, Dina Boluarte, podría tener responsabilidad penal por las muertes de manifestantes en las protestas sociales que se produjeron en el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, según las evidencias obtenidas por Amnistía Internacional (AI).
En un informe titulado ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú, la entidad defensora de los derechos humanos señala que, aunque la presidenta negó ante la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes y "minimizó su papel en la represión estatal", se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía durante los meses de protestas.
"Es más, según la información a la que Amnistía Internacional accedió a través de solicitudes de información pública y reportes de investigaciones periodísticas, Boluarte tomó los informes de inteligencia de la PNP, específicamente del COMASGEN, que habrían tachado a las personas manifestantes como “terroristas” como la base para declarar un estado de emergencia a nivel nacional y desplegar las fuerzas armadas. La mandataria tomó estas decisiones a pesar de que el director nacional de Inteligencia, quien coordinaba todos los servicios de inteligencia a nivel nacional, se había reunido antes con ella para informarle que las protestas no tenían vínculos criminales y que no veía necesario el despliegue de las Fuerzas Armadas", indica.
AI cuestionó que la presidenta Boluarte no solo mantuvo una comunicación constante con los ministros y mandos policiales y
militares durante los días en los que se registraron heridos y muertas en las protestas, sino que, además, decidió ascender a funcionarios que habían tenido roles clave durante el desarrollo de las operaciones.
"El 21 de diciembre, seis días después de la muerte de 10 personas por balas disparadas por el ejército durante protestas en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022, hechos que después serían calificados como posibles ejecuciones extrajudiciales por Amnistía Internacional, la presidenta decidió nombrar a Luis Alberto Otárola Peñaranda, hasta entonces el ministro de Defensa, como presidente del Consejo de Ministros", recordó.
En ese sentido, la organización consideró que Dina Boluarte podría ser investigada como posible autora mediata de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas.
Otárola y exministros del Interior
Amnistía Internacional también analizó el papel de Alberto Otárola, quien primero ocupó el cargo de ministro de Defensa y luego titular del Consejo de Ministros, y señaló que en el conflicto social tomó un "rol público prominente" y lamentó que calificara a los agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas como "héroes" a pesar de que sus "operaciones diarias resultaban en múltiples muertes y personas heridas en varias partes del país".
"Los tres diferentes ministros del Interior (César Augusto Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández) que ocuparon ese puesto durante la época de las protestas, todos ex comandantes generales de la PNP, parecen haber fallado en hacer rendir cuentas sobre las acciones de generales de la PNP, sobre todo tomando en cuenta que la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior es la entidad encargada de llevar adelante investigaciones disciplinarias contra altos mandos de la PNP", se refiere en el informe.
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