por Paloma Verano
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Violencia familiar, falsificación de documentos y procesos por alimentos. Estos son solo algunos de los delitos por los que 10 congresistas en funciones, hoy candidatos a la reelección en el próximo Congreso Bicameral, fueron sentenciados [en juzgados civiles y penales] en el pasado, según un análisis de El Poder en tus Manos a las hojas de vida que declararon los parlamentarios ante el JNE.
El equipo de El Poder en tus Manos de RPP revisó las hojas de vida presentadas por 91 congresistas que buscan la reelección en las próximas Elecciones Generales 2026 ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El resultado: Se identificó que 10 parlamentarios declararon tener sentencias penales por delitos dolosos, además de sentencias civiles por demandas laborales, alimentarias e incluso violencia familiar.
De este grupo, ocho parlamentarios postulan al Senado, mientras que otros dos van a la Cámara de Diputados. Los partidos que más candidatos con sentencias albergan son: Alianza para el Progreso (4) y Perú Libre (2). Le siguen Fuerza Popular, Perú Primero, Somos Perú y Cooperación Popular.
A continuación, los 10 parlamentarios que actualmente son candidatos y que declararon tener sentencias en su contra en sus hojas de vida.
Parlamentarios condenados por difamación y falsificación de documentos
Alejandro Soto, expresidente del Congreso y actual candidato a la Cámara de Diputados por Alianza para el Progreso, registró tres sentencias penales por el delito de difamación, dictadas en los años 2006 y 2013. En los tres casos, los juzgados le impusieron una condena de un año bajo la modalidad de "reserva de fallo condenatorio"; es decir, que se suspendió la ejecución de la pena siempre que se cumplieran determinadas reglas de conducta.
Según la información complementaria declarada por Soto, las penas fueron cumplidas y el congresista figura actualmente como rehabilitado.
Por otro lado, la congresista Ana Zegarra, de la bancada de Somos Perú y candidata a la Cámara de Diputados por el mismo partido, declaró tener tres sentencias penales dictadas en 2014, 2015 y 2025 por distintos juzgados en Maynas y Alto Amazonas, vinculadas a delitos contra la fe pública.
La más antigua corresponde a un proceso por falsificación de documentos, en el que se le impuso una pena de tres años de prisión suspendida. El segundo caso fue una condena a dos años de pena privativa de la libertad, también suspendida, por el delito de falsedad ideológica. El tercer proceso es el más reciente: en junio de 2025, el Juzgado Penal Unipersonal de Alto Amazonas la condenó a un año y cuatro meses de prisión suspendida por falsa declaración en procedimiento administrativo. Según la información declarada por la parlamentaria, esta sentencia se encuentra en etapa de cumplimiento y ha sido impugnada mediante un recurso extraordinario de casación.
Cabe precisar que el pasado 7 de enero el Jurado Electoral Especial (JEE) de Maynas (Loreto) declaró fundada una tacha electoral contra la candidatura de la congresista presentada por la ciudadana Leydi Margarita Iriarte Salas, que sustentó que la candidata Ana Zegarra debe ser apartada del proceso electoral por encontrarse impedida de postular a cargos de elección popular por tener sentencia condenatoria vigente. Tras ello el JEE de Maynas decidió excluirla de la lista a la cámara de Diputados por la que postula. La congresista apeló esta decisión y el Pleno del JNE dejó al voto el caso.
Sentenciados por demandas alimentarias y familares
El congresista Flavio Cruz, actualmente de la bancada de Perú Libre, postula como senador por el mismo partido. En su hoja de vida figura una sentencia civil por pensión de alimentos correspondiente al expediente N.° 2001-181, que fue tramitado ante el Primer Juzgado de Paz. De acuerdo con la información consignada por el parlamentario, el proceso concluyó con la aprobación de una conciliación entre las partes, lo que implica que se alcanzó un acuerdo en el marco del proceso.
En el caso del congresista Raúl Huamán, actual congresista y candidato al Senado por Fuerza Popular, declaró una sentencia civil en su contra por pensión alimenticia, que fue tramitada ante el Primer Juzgado en lo Civil de Ica. Según consignó en su declaración jurada, apeló a la sentencia; sin embargo, al resolverla se declaró fundada la demanda en todos sus extremos, y se ordenó que Huamán "acuda en favor de su menor hija (...) la nueva pensión de dos mil intis mensuales", que debe ser pagada por adelantado.
En el caso de Jorge Marticorena, actual congresista y candidato al Senado por Alianza por el Progreso, consignó una sentencia civil por pensión alimenticia, correspondiente al expediente N.° 1491, tramitado ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado – Sede Central. Según la información registrada por Marticorena ante el JNE, el juzgado declaró fundada -en parte- la demanda, y ordenó el incremento de la pensión alimentaria al 20% de las remuneraciones del parlamentario, porcentaje que incluye gratificaciones, CTS y otros conceptos.
Eduardo Salhuana, expresidente del Congreso y actual candidato al Senado por Alianza para el Progreso, también registró una sentencia civil declarada en materia de familia y alimentos, correspondiente al expediente N.° 00096200602701, tramitado ante el Juzgado de Paz Letrado Transitorio. De acuerdo con Salhuana, se declaró fundada la demanda de pensión de alimentos en su contra y se estableció la obligación de cumplirla.
Sentenciados por violencia familiar
Segundo Montalvo, parlamentario de la bancada de Perú Libre y candidato al Senado por dicho partido, consignó tener una sentencia civil por violencia familiar, correspondiente al expediente N.° 0079-2012, que fue tramitado ante el Juzgado Civil de la sede Utcubamba, Amazonas. En este caso, el órgano judicial declaró fundada la demanda en su contra, señala su hoja de vida.
Además, el parlamentario también presentó otra condena en el ámbito penal emitida en mayo del 2006 por el Primer Juzgado Penal de Uctubamba (Amazonas). Se le condenó por el delito de "ejercicio arbitrario del derecho por propia mano"; un delito que, según el Código Penal, ocurre cuando una persona, con el fin de ejercer un derecho, en lugar de recurrir a la autoridad, hace justicia arbitrariamente por sí mismo. En ese proceso, se le impuso como sanción 20 jornadas de servicio comunitario, pena que figura como cumplida, según la información declarada.
El congresista Roberto Kamiche, actual congresista de Alianza para el Progreso y candidato al Senado por el mismo partido, declaró tener una sentencia civil en materia de violencia familiar, que fue tramitada ante el Noveno Juzgado de Familia – Subespecialidad en Violencia contra la Mujer de Trujillo (La Libertad).
Sentenciados por pago de deudas
La congresista Nieves Limachi, actual parlamentaria de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo -Bloque Magisterial y candidata al Senado por Perú Primero, declaró tener una sentencia civil en materia contractual [este tipo de demanda se presenta cuando una de las partes no cumple lo que prometió en un contrato] que fue tramitada ante el Primer Juzgado de Paz Letrado Mixto de Tacna.
Según señaló la parlamentaria, la demanda se declaró fundada en parte y obligó a Limachi a pagar más de 47 mil soles a la Beneficencia Pública de Tacna. Dicha demanda fue presentada por la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Tacna y, de acuerdo con la información complementaria consignada, la suma establecida sí fue pagada.
Por su parte, el congresista Carlos Zeballos, del Bloque Democrático Popular y candidato al Senado por el partido Cooperación Popular, consignó tener otra sentencia civil en materia contractual por parte del Tercer Juzgado de Paz Letrado de la sede Juliaca (Puno). De acuerdo con la declaración jurada del parlamentario, el juzgado dispuso la "ejecución de pago"; es decir, que Zeballos pague el monto de forma obligatoria.
Y Alejandro Soto, expresidente del Congreso y actual candidato a la Cámara de Diputados por Alianza para el Progreso, también declaró -además de las condenas penales por difamación en su contra— una sentencia civil en materia contractual, correspondiente al expediente N.° 855-2008, tramitado ante el Primer Juzgado Mixto de Santiago (Cusco). Según consignó en su hoja de vida, se declaró fundada la demanda en su contra por indemnización por daños y perjuicios.
Congresistas que deben más de 9 mil soles en multas de tránsito
Un análisis de la plataforma Revisa Tu Candidato - RTC evidenció que existen 10 parlamentarios que buscan la reelección y que declararon haber cometido infracciones de tránsito en el pasado. Sin embargo, ninguno ha pagado las multas impuestas, lo que acumula una deuda total de S/ 9,202 con el Estado por incumplir las normas de tránsito, según la información consignada en dicho portal. ¿Quiénes son?
- Segundo Montalvo (candidato a senador por Perú Libre) acumula la mayor cantidad de multas de tránsito (5), todas impuestas en Uctubamba (Amazonas). Algunas por dejar el vehículo mal estacionado, no presentar la tarjeta de identificación vehicular y la más grave por desobedecer las indicaciones sobre el tránsito que ordenaba la Policía Nacional de Tránsito (PNP). En total debe S/ 2,140 en multas de tránsito.
- Esdras Medina (candidato a diputado por Renovación Popular) también acumuló 4 multas de tránsito en Arequipa. Todas fueron multas graves, en su mayoría por conducir con lunas polarizadas sin tener la autorización correspondiente y por estacionar el vehículo en zonas prohibidas o rígidas. En total debe S/ 1,284.
- Abel Reyes (candidato ) declaró 3 multas de tránsito impuestas en Huánuco. Las multas van por no llevar puesto el cinturón de seguridad, no presentar al tarjeta de identificación vehícular o la licencia de conducir y, la más grave fue por conducir sin SOAT. El monto total de la deuda es de S/ 1,498.
- Arturo Alegría (candidato a diputado por Fuerza Popular) tiene 2 multas de tránsito impuestas en San Martín, Chiclayo por estacionar en un lugar que afecta la operación del transporte público. Debe S/ 428 por las multas consignadas.
- Carlos Zeballos (candidato a senador por Cooperación Popular) acumuló 2 multas de tránsito en la municipalidad de San Román y en el SAT Lima, por los siguientes motivos: manejar a excesiva velocidad y no usar las luces intermitentes. Por estas infracciones, Zeballos debe S/ 1,712.
- Finalmente, los siguientes congresistas consignan una multa de tránsito en su contra: Diego Bazán de Renovación Popular tiene una deuda de S/ 428 por infracción de tránsito; Elías Varas de Juntos por el Perú, presenta una deuda de S/ 642, Flavio Cruz, candidato de Perú Libre, aún no paga la multa que le impusieron por S/ 428; Magaly Ruiz, candidata por Alianza para el Progreso, aún debe una multa de S/214 por infracción de tránsito y Víctor Flores, candidato de Fuerza Popular, también tiene una multa de tránsito por S/ 428.
EP230 | INFORMES | Elecciones 2026: Todos los detalles sobre cómo votar
El proceso electoral 2026 trae cambios que pueden marcar la diferencia entre un voto válido y uno nulo. La nueva cédula tendrá cinco secciones. ¿Cómo votar bien? Todos los detalles y las recomendaciones oficiales, en el siguiente informe de Catalina Quinto, editora de El Poder en tus Manos de RPP.
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