Contraloría detecta más de 500 casos de vacunación contra la COVID-19 con problemas

La Contraloría General de la República, como parte del Plan de Control a la Gestión de la Vacunación contra la COVID-19, detectó aproximadamente 506 casos en los que se advierten problemas en la vacunación en diferentes regiones del país, lo que afectó la inmunización de personas comprendidas en los grupos priorizados por las autoridades peruanas.

La mayor cantidad de casos se registraron en la región Arequipa, donde la Contraloría evidenció que 283 trabajadores de salud que tenían licencia con goce de haber en diversos establecimientos de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud fueron vacunados de manera preferente. Adicionalmente, se identificaron 23 casos correspondientes a profesionales de la salud que ya no tenían vínculo laboral con los establecimientos de salud donde recibieron la vacuna contra la COVID-19.

Otra región con mayor cantidad de casos reportados es Ucayali, donde se reveló que 107 personas aparecieron en la lista para recibir la vacuna Sinopharm contra la COVID–19 pese a que se encontraban realizando trabajo remoto, trabajo administrativo, o que ya no tenían relación laboral con los establecimientos de salud, entre otros. De ese total, 65 personas ya no laboraban en centros de salud y hospitales, 35 ciudadanos son trabajadores de salud que están realizando trabajo remoto, y siete son personal que realizan labores administrativas y no están en la primeria línea de atención contra la COVID-19.

En la región Huancavelica, se identificaron un total de 43 personas que fueron vacunadas contra la COVID-19 en tres informes de control, de las cuales 37 son profesionales que no tienen vínculo laboral con el Hospital Departamental de Huancavelica. En esta región también se detectó la vacunación de cuatro funcionarios pertenecientes a la Corte Superior de Huancavelica y de dos profesionales que laboran el Gobierno Regional de Huancavelica.

Los auditores de la Contraloría también detectaron que 20 personas fueron vacunadas en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, quienes no tenían vínculo laboral con dicho nosocomio e inclusive algunos casos no tenían vínculo laboral desde hace tres años.

Por su parte, en la región Callao se evidenció en el informe que 17 colaboradores de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) fueron vacunados pese a que no prestaban servicios en la entidad por estar con licencia con goce de haber, de los cuales ocho pertenecen al Centro de Salud Acapulco, cuatro de la Sanidad Aérea, dos al Centro de Salud Gambetta, dos al Laboratorio Referencial de Citología, y uno a la Oficina de Defensa Regional.

En Apurímac, los auditores de la Contraloría emitieron tres informes de control que detectaron ocho casos de personas vacunadas, entre los cuales figura el actual Alcalde Provincial de Andahuaylas, quien es médico de profesión pero desempeña su cargo edil a tiempo completo, mientras que otro informe reveló que seis servidores administrativos del Centro Médico Universitario de la Universidad Nacional Micaela Bastidas (UNAMBA) fueron vacunados pese a no estar incluidos en el padrón nominal elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa).

Asimismo, en la región Amazonas se identificó que tres trabajadoras del Gobierno Regional de Amazonas fueron vacunadas en el centro de salud Virgen de Asunta, a pesar de no formar parte de los grupos prioritarios de la “fase I” de vacunación, dado que no prestaban servicios en instancias del sector salud o su vínculo funcional ya había terminado, limitando la cobertura de vacunas al personal de salud que realmente labora en áreas críticas.

Además, se detectó la aplicación de una vacuna contra la COVID-19 en Tacna a una persona que estaba bajo custodia policial en su domicilio. Finalmente, en la región Lambayeque se detectó que un profesional de la salud fue vacunado en el Hospital Belén pese a no tener vínculo laboral vigente con dicha entidad.

En el caso de la región Loreto, donde se denunciaron 34 casos de vacunación irregular de funcionarios, como alcaldes, asesores y docentes universitarios, así como exfuncionarios, la Contraloría se encuentra realizando un servicio de control posterior para identificar y deslindar responsabilidades en estos hechos que ponen en riesgo la adecuada vacunación de las personas que han sido declaradas prioritarias por parte del Gobierno Nacional.

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