Defensor del Pueblo advierte que la cuarentena ha limitado los derechos a la salud y al trabajo

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, advirtió este jueves que aislamiento social obligatorio por la pandemia de la COVID-19 ha limitado el derecho de la población a la salud y al trabajo.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el defensor afirmó que bajo la cuarentena el país vive bajo una "anormalidad constitucional" y que es insostenible.

"A todo el país se le ha recortado, por ejemplo, también el derecho, aunque parezca una paradoja, el acceso a la salud, porque hay personas que están con enfermedades graves y han visto limitado su acceso a la salud. Probablemente esta cuarentena ha afectado su condición y en algunos casos pudo haber acelerado que tengan un resultado fatal", explicó.

Si bien Walter Gutiérrez reconoció que la cuarentena por la COVID-19 es una situación inédita, también aseguró que por 90 días se ha limitado el derecho al trabajo.

"En Lima nomás estamos hablando de 2 millones de personas que han perdido el trabajo, pero todo esto tiene que tener un límite en el tiempo y sobre todo una explicación", manifestó.

"Serio problema de créditos de consumo"

De otro lado, el Defensor del Pueblo señaló que hay una serio problema de créditos de consumo en el Perú. Sin embargo, aseguró que el dictamen del Congreso de la República que suspendería el pago de créditos generará más daño que beneficio.

Walter Gutiérrez explicó que el crédito de consumo es aquel mecanismo a través del cual, las personas con menos recursos tienen acceso al financiamiento de bienes y servicios.

"Tratar de beneficiar a unos para perjudicar a otros generará enorme problema en el sistema financiero porque generará desconfianza, pánico y lo más probable es que el ahorrista comiencen a retirar su dinero", indicó.

En ese sentido, Walter Gutiérrez recomendó como alternativa que las propias entidades del sistema financiero establezcan tasas máximas, dada la coyuntura excepcional que atravesamos o que el Banco Central de Reserva aplique el artículo 52 de su Ley Orgánica que le permite, en situaciones extraordinarias, fijar límites máximos a las tasas de interés.

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