Defensoría del Pueblo alerta que en Perú persiste "una subestimación de las culturas diferentes"

En Perú persiste "una subestimación de las culturas diferentes", a pesar de los avances que se han presentado en la normativa y en algunas políticas hacia los pueblos indígenas, afirmó este miércoles el responsable de prevenir conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque.

"Si bien (se) ha experimentado unos avances en los marcos normativos y algunas políticas, no podemos decir que tenemos un Estado intercultural que se preocupa por los pueblos indígenas", remarcó Luque en una teleconferencia con miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

Al exponer la situación de los conflictos sociales y de los pueblos indígenas en medio de la pandemia de la COVID-19, el defensor adjunto enfatizó que en su país "hay un olvido histórico" hacia los pueblos indígenas y originarios, especialmente los de la Amazonía, que comprenden a 55 etnias distintas.

"Nuestro conocimiento de estas etnias no es suficiente, por eso decimos que nuestra percepción es que no tenemos un Estado multicultural", remarcó.

SUBESTIMACIÓN PERSISTENTE

Luque dijo que, en medio de esa subestimación de las culturas diferentes, "se les pretende tratar con los mismos cánones" del Perú "un poco más occidental".

"No se trata de incluirlos en los cánones de la cultura occidental, se trata de establecer un puente y respetarlos", consideró antes de indicar que se trata de "poblaciones homogéneas que responden también de una manera cohesionada... siempre y cuando sean escuchadas".

Comentó, en ese sentido, que, a partir del Pacto de Leticia, que impulsan los países amazónicos, entre ellos Perú, se ha hablado de "esa idea recurrente sobre que los indígenas son los guardianes del bosque", aunque eso aún se dice "de manera retórica".

Por ese motivo, afirmó que es hora de convertir "a los pueblos indígenas en los principales observadores y conservadores del bosque, y eso tiene que ver con todas las necesidades de la población, incluidas las de salud".

CONFLICTOS DURANTE LA PANDEMIA

Luque dijo que, desde el inicio de la pandemia en Perú, "se han presentado situaciones especiales" y que la Defensoría siempre supo que la conflictividad social "no se iba a detener, sino que se iba a manifestar de una manera distinta".

Señaló que desde marzo pasado "se suspendió la conflictividad social" como se conocía "antes", que en ese momento comprendía 190 conflictos y 91 mesas de diálogo, con resolución aún pendiente.

En ese sentido, se identificó que durante la epidemia se han presentado "demandas y tensiones sociales" generadas por el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, las reclamaciones de elementos de bioseguridad del personal sanitario y los traslados humanitarios de ciudadanos que decidieron volver a sus lugares de origen en el interior del país.

Estos conflictos se sumaron a los generados por la actividad minera, que abrió un frente "en relación a los trabajadores", que protestaron para volver a sus hogares a pesar de que ese sector siguió trabajando.

"En la pandemia la conflictividad se ha expresado de otra manera", sostuvo antes de indicar que se han presentado "muchas protestas más pequeñas expresadas en plantones y en redes sociales", y "los medios han jugado un papel muy importante" en su difusión.

TRES NUEVOS CASOS

Luque informó que de los 190 conflictos sociales que había en Perú hasta junio último, 140 están activos y 50 "latentes".

Aunque desde marzo sólo se han presentado tres nuevos conflictos, para la Defensoría "la principal preocupación es la reactivación" de los ya existentes "agravados por el contexto de la pandemia".

Consideró, en ese sentido, que los 91 procesos de diálogo "deberían retomarse" porque los actores sociales "están esperando que esas demandas planteadas con mucha anticipación sean tratadas, no necesariamente atendidas en su totalidad".

El defensor adjunto detalló que los sectores extractivos que mantienen más focos de conflicto son el minero y el de petróleo y gas, aunque el pesquero también presenta algunos casos.

En minería hay 82 conflictos que merecen "una atención mucho más especial", ya que el 90 % "tienen que ver con problemas de coexistencia entre la población y la empresa minera" y solo el 10 % con una oposición a proyectos mineros.

(EFE)