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Defensoría: "El derecho a la protesta en todo sistema democrático es incompatible con toda expresión de violencia"

Ministerio Público abre investigación preliminar por agresión a ciudadanos y ministros de Estado | Fuente: RPP Noticias

La Defensoría del Pueblo rechazó los actos de violencia registrados en el Cercado de Lima en los que participaron grupos de simpatizantes de Fuerza Popular y Perú Libre e hizo un llamado a la ciudadanía a manifestarse sin violencia y a la Policía a garantizar la seguridad.

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La Defensoría del Pueblo rechazó los actos de violencia registrados en el Cercado de Lima en los que participaron grupos de simpatizantes de Fuerza Popular, caso que ha sido motivo del inicio de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público.

"Es absolutamente incompatible con nuestro derecho a manifestarnos, nuestro derecho a protestar. La Defensoría ha insistido que el derecho a la protesta en todo sistema democrático es incompatible con toda expresión de violencia y corresponde a las autoridades garantizar que nosotros podamos expresar nuestra opinión en un contexto de paz", señaló Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo.

En entrevista con RPP Noticias, Percy Castillo señaló que en estos casos siempre debe estar presente "el rol garante" de la Policía, principalmente, hacia los ciudadanos. Asimismo, hizo un llamado a la población para entender que "la violencia no es el camino" ni la forma para manifestar una postura que consideren correcta.

"Es una responsabilidad que involucra a los actores principales de estos hechos. El llamado tiene que ser claro, el respeto implica manifestarse pacíficamente y si este mensaje no se emite con claridad, probablemente se extravíe y las formas de poder señalar su opinión salgan del marco que el derecho protege", apuntó.

Anoche, la Quinta Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima, a cargo de la fiscal Fanny Uribe Tapahuasco, inició investigaciones por el presunto delito contra el cuerpo, la vida y la salud, además del delito contra el patrimonio y la paz pública contra quienes resulten responsables.

Desde la Fiscalía precisaron que se inició una investigación de oficio por la agresión a los ministros de Salud y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Óscar Ugarte y Solangel Fernández Huanqui, respectivamente; así como por los disturbios en agravio del Estado.

El despacho fiscal dispuso que se notifique a los medios de comunicación para brindar los datos de los periodistas que fueron agredidos en las inmediaciones de Palacio de Gobierno. Si bien no existe denuncia por este incidente, desde Fiscalía tomaron conocimiento por lo difundido en la prensa.

Además, se investiga el caso del ciudadano Richard Muro Macedo, por lesione graves, a partir de la denuncia presentada por el abogado Christian Suárez Oliver, quien indicó que militantes de Perú Libre "le atacaron con machete" por presuntamente llevar la bandera de Perú en la espalda.

CIDH condena ataques de simpatizantes fujimoristas

La Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) se pronunciaron sobre los actos de violencia registrados en la víspera por parte del grupo denominado 'La Resistencia' contra ministros de Estado y periodistas.

"CIDH y la RELE expresan preocupación por los reportes de ataques a los vehículos, en los que se desplazaban los Ministros de Salud y de Hacienda, por parte de personas que participaban en una manifestación sobre el proceso electoral, el 14 de julio", se lee en un mensaje de Twitter. 

"Condenan las agresiones físicas sufridas por periodistas en ese mismo contexto y llaman al Estado de Perú a investigar y sancionar los hechos, y a brindar el máximo grado de garantías para que la prensa pueda cumplir su función de forma libre y segura", añaden.

Asimismo, recordaron las recomendaciones emitidas en el comunicado del 22 de junio, por reportes de actos de hostigamiento y mensajes estigmatizantes que alientan la discriminación en el contexto electoral en Perú.

"Reiteran las recomendaciones de prevenir, investigar y sancionar la violencia y actos de acoso o intimidación en el proceso electoral y garantizar la independencia y autonomía de autoridades electorales", anotan. 

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