Lo que corresponde ahora es que el Gobierno y el Congreso presten atención a un reclamo que ha gozado de amplio respaldo popular. Pero en vez de eso, se ha caído en la tentación de criminalizar la protesta y minimizar las razones fundadas de su convocatoria.
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Sería un grave error no aprender algunas lecciones del paro convocado por dirigentes de gremios de transportistas. La más importante de ellas remite a la principal función del Estado: garantizar la seguridad de las personas y su derecho a trabajar.
Es evidente que el auge de las organizaciones criminales desnuda el fracaso de la política de seguridad. Por eso, lo que corresponde ahora es que el Gobierno y el Congreso presten atención a un reclamo que ha gozado de amplio respaldo popular. Pero en vez de eso, se ha caído en la tentación de criminalizar la protesta y minimizar las razones fundadas de su convocatoria.
Un comunicado de la CONFIEP lo ha dicho con toda claridad: “Es responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte liderar la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, desde el sector empresarial no percibimos ese liderazgo”. Tampoco es razonable que ministros y congresistas se ofusquen al oír que dirigentes gremiales pidan la derogación de una ley. ¿Acaso no tienen derecho a pronunciarse, como todos los ciudadanos, sobre algo que les concierne, como es una ley que modifica los términos de la organización criminal y crea dificultades a la acción judicial?
Numerosos especialistas en Derecho Penal se han manifestado contra la ley de marras. Descalificar la crítica es tanto más torpe que el propio presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, reconoció que podía haber errores y que era razonable proceder a la revisión de la ley. En materia de transporte público como de minería, las organizaciones criminales han aprovechado la debilidad del Estado y las brechas ofrecidas por la informalidad. El empresario minero Raúl Benavides, recuerda en El Comercio que no se controlan los insumos de la minería ilegal, comenzando, nada menos, que por los explosivos. Y formula una pregunta que deberían responder ministros y congresistas: “¿Por qué no vuelve el Estado a ejercer el control estricto en la compra y venta de este recurso?”. En vez de bravatas y promesas vacuas, quedamos en espera de una respuesta.
Las cosas como son
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