RPP conversó con Kelly Portalatino (Perú Libre), quien considera que la Ley 32108 debe mantenerse; y Edwin Martínez (Acción Popular), cuya postura es a favor de hacerle reformas. Pero ambos coinciden en que la "izquierda caviar" está detrás de las protestas.
Congreso
Congresistas coincidieron en la falta de efectividad del Ejecutivo para enfrentar la criminalidad y en que las protestas están "politizadas".
El último jueves, diversos gremios de trabajadores llevaron a cabo un paro en sectores de Lima y Callao para exigir mejoras en la lucha contra la criminalidad, particularmente para frenar la ola de extorsión que cobra vidas de transportistas, bodegueros, y demás ciudadanos.
Sin embargo, una de las demandas que ha generado la polémica en el sector político es la exigencia de la derogatoria de la Ley 32108, promulgada por el Congreso, la cual modificó la normativa contra el crimen organizado. Además, los manifestantes expresaron su rechazo a la propuesta para tipificar el terrorismo urbano, al considerar que no es eficaz para combatir la criminalidad y que tendría una intención represiva contra la movilización ciudadana.
El viernes -mientras se desarrollaba un pleno extraordinario que, finalmente, no tuvo mayor avance respecto a los puntos señalados- algunos gremios de transportistas indicaron que el diálogo con el Congreso se había roto al no percibir intención en derogar la referida norma, por lo que anunciaron que convocarán a un paro nacional indefinido en los próximos días.
Ante esta situación, RPP conversó con los parlamentarios Kelly Portalatino de Perú Libre, y Edwin Martínez de Acción Popular, para recoger sus impresiones sobre este anuncio y su postura respecto a la Ley 32108. Aunque manifestaron ciertas diferencias respecto al abordaje que debe hacer el Congreso de esta normativa, ambos coincidieron en que se ha "politizado" la protesta y culparon a lo que llaman la "izquierda caviar".
Kelly Portalatino: "La izquierda caviar está utilizando esta coyuntura para fines políticos"
La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, defendió la validez de la Ley 32108 al considerar que la anterior normativa servía para "limitar oponentes políticos".
"Nosotros queremos ser objetivos, tenemos que entender (…) que la ley sobre crimen organizado fue primeramente modificada por el gobierno de Vizcarra, quien fue el ministro en ese entonces, Basombrío, y que puso tantos policías, especialmente crearon la DIVIAC que se beneficiaba con las ONG para supuestamente tener presos a líderes criminales que deberían estar presos [sic]", indicó.
"¿Desde cuándo sirvió esa ley antes de ser modificada para tener presos o reducir organizaciones criminales? Nunca, ha fracasado, pero sí servía para perseguir, para tener limitados a sus oponentes políticos, solamente vemos nosotros que se beneficiaban y hacían trabajo en contubernio la DIVIAC con el Ministerio Público, Harvey Colchado y Marita Barreto, que hoy se encuentran sancionados. Ellos hicieron la persecución al presidente Pedro Castillo, ¿y quiénes detuvieron al presidente sin levantarle la inmunidad? Fueron ellos, la PNP, quienes fueron manipulados probablemente por la gente del señor Basombrío del gobierno de Vizcarra", aseguró.
Vale aclarar que Carlos Basombrío fue ministro del Interior del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y que la DIVIAC fue creada en agosto del 2016, durante la gestión del referido exmandatario.
Portalatino consideró también que durante el gobierno de Martín Vizcarra inició un "oleaje" que "permitió abrir la frontera a través de Migraciones donde ingresaron inmigrantes extranjeros ilegales", y que la DIVIAC perseguía "políticamente a políticos".
"Hay que recordar que quien inició todo este oleaje fue el gobierno de Vizcarra (que) permitió abrir la frontera a través de Migraciones donde ingresaron inmigrantes extranjeros ilegales, por el pacto de paz que trajo esa firma, donde permitieron. El ministro Basombrío no hizo nada en salvaguardar esa tranquilidad de todos los peruanos, donde seudo periodistas (…) avalaron que ingresen extranjeros ilegales, porque no tenían pasaportes e ingresaron, y hoy por hoy vemos que están generando tanto perjuicio", aseveró.
"Significativamente, ese gobierno de facto ha permitido que, a través de la DIVIAC, en vez de tener presos a los líderes han tenido financiamiento por las ONG para financiar, supuestamente, a esta PNP para hacer la investigación de estos delitos de gravedad, de crimen organizado; sin embargo, no lo han hecho, al contrario, han comprado tecnología de alta gama para poder perseguir políticamente a políticos, pero no para poder tener presos a cabecillas que hoy se encuentran privilegiados, como Los Cuellos Blancos (…) Hoy por hoy tenemos al Tren de Aragua, tala ilegal, trata de personas y todas estas organizaciones criminales que no tenemos presos dentro de Challapalca", agregó.
En esa línea, Portalatino consideró que las protestas responden a "fines políticos" de la "izquierda caviar", y criticó que los dirigentes no exijan la salida de la presidenta de Dina Boluarte, sino del Congreso.
"Que no caigan en error los hermanos porque ahora están politizando, y es lamanetable que Julio Campos [vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas], en vez de que diga que quiere la vacancia de Dina Boluarte, prefiera solamente el cierre del Congreso (…), es lamentable porque la gran responsabilidad es de Dina Boluarte, por su incapacidad, porque no hay resultados", indicó.
"Nosotros, desde la bancada Perú libre, hemos identificado algo claro: nuestra solidaridad con todos los hermanos que están movilizándose pacíficamente, primero, porque se sienten inseguros; pero no podemos permitir llevar el mensaje que hay en la izquierda caviar que están utilizando esta coyuntura para fines políticos. Nosotros tenemos que tener una plataforma de lucha (…), no estoy incitando a la violencia, no estoy incitando nada, pero sí hay que ser objetivos, porque como ciudadana y como madre nos identificamos nosotros en que ha fracasado el Plan de Seguridad Ciudadana y, por lo tanto, se debe pedir la renuncia de Dina Boluarte (...) Hoy por hoy se está politizando, y no podemos permitir que seudo dirigentes no quieran convocar a la renuncia de Dina Boluarte y necesitamos nosotros tomar conciencia en ellos", añadió.
Cabe resaltar que la propuesta legislativa que dio origen a la Ley 32108 fue presentada por Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia tras ser sentenciado por corrupción. Ambos son investigados por el presunto delito de organización criminal en el caso Los Dinámicos del Centro.
Edwin Martínez: Hay "una mano política-ideológica que lleva a la gente a las calles"
Por su parte, Edwin Martínez, congresista de Acción Popular, consideró que en el paro hubo una mano "sucia" "política-ideológica que lleva a la gente a las calles".
"Algunos han considerado que este es un paro de reclamo de justicia, de seguridad. Digo yo, ¿los reclamos violentos generan tranquilidad, te generan seguridad ciudadana? Yo creo que no. Aquí ha habido una mano sucia que es esa mano política-ideológica que lleva a la gente a las calles", señaló.
En esa línea, criticó que las movilizaciones sean para reclamar el cambio de la Ley 32108 por "una ley de acuerdo con los intereses de los ideólogos de la izquierda caviar". Además, señaló que el paro del jueves no tuvo resultado y negó que la movilización haya sido reprimida por la Policía.
"Si no hubiese habido ningún azuzamiento político desde el propio Congreso de la República, donde algunos congresistas manifestaban la represión policial a la marcha. Totalmente falso, el policía no ha reprimido ninguna marcha, es el ciudadano, ese infiltrado político ideológico en la marcha pacífica de los hermanos transportistas el que ha empezado a generar este caos y esa violencia, que gracias a Dios ya se frenó, porque no ha tenido resultado el paro, que vuelvo a repetir no era un paro en reclamo de tranquilidad y paz pública de seguridad ciudadana, sino un reclamo para que modifiquen una ley o cambien una ley de acuerdo a los intereses de los ideólogos de la izquierda caviar", aseveró.
No obstante, Martínez consideró que se podrían hacer algunas modificaciones a la Ley 32108.
"Hay cosas buenas, positivas (en la norma), pero el tema del allanamiento me parece algo absurdo querer mantener que vaya el abogado para que puedan proceder con el allanamiento, porque el que nada debe, nada teme. Si quieren allanar mi domicilio, (que) ingresen, vean, verifiquen algo que quieran, pero no podemos obstruir tampoco la investigación fiscal y parte de ello es el allanamiento al domicilio", indicó.
Por otro lado, el acciopopulista exigió al Ejecutivo mantener en las calles a las FF.AA. y que los efectivos policiales y militares "ingresen a los domicilios".
"El Perú tiene que entender y nuestros ciudadanos tienen que entender que si damos un paso atrás, la delincuencia sigue avanzando. Hoy tengo que ponerme al frente del ciudadano para trabajar arduamente contra la delincuencia. Tenemos (que) empoderar a nuestra Policía y a nuestro Ejército, hay tres mil soldados en las calles y 10 000 policías y yo, desde hoy, exhorto al ministro del Interior, al ministro de Defensa que no saquen un solo soldado de las calles, déjenlos ahí hasta que no haya un delincuente más, empiecen a atacar cuadra por cuadra, ingresen a los domicilios, es ahí donde van a encontrar armas, encontrar ese instrumento para meter presos a los delincuentes y a los sicarios (...) La Policía en el estado de emergencia, con el Ejército, tienen que ingresar a domicilios", invocó.
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