Agustín Luque
El gobernador Agustín Luque es acusado de presunto delito de colusión agravada. | Fuente: Fiscalía

El Ministerio Público informó que el gobernador de Puno, Agustín Luque, fue detenido por el presunto delito de colusión agravada, relacionado con irregularidades en las obras de reforzamiento del Hospital Manuel Núñez.

En un comunicado, el organismo detalló que la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de dicha región acusa a Agustín Luque de haber concertado con el Consorcio Hospitalario Manuel Nuñez, representado por el ciudadano chino Chen Junkun, un acuerdo formal por el cual retrotrajeron el cobro de penalidades, superiores a los 500 000 soles, aplicadas al consorcio respecto de la obra que se le había encargado, causando un perjuicio patrimonial al Estado.

Además del gobernador regional, fueron intervenidos de manera preliminar John Martínez Molina (jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica), la conciliadora Liliana Larico Bermejo y el abogado Hans Larico Apaza. Chen Junkun aún no ha sido capturado por las autoridades.

De acuerdo con las primeras investigaciones fiscales, el gobernador regional habría acordado con el representante del consorcio la anulación de la carta a través de la cual se le comunicaba la aplicación de las penalidades, y que esta estipulación se habría logrado con el jefe de Asesoría Legal del Gobierno Regional, John Martínez Molina.

Puno
En julio de 2020, el Gobierno Regional Puno y el Consorcio hospitalario Manuel Núñez Butrón, suscribieron el contrato para la ejecución del Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” de la ciudad de Puno. | Fuente: Gobierno Regional de Puno

MÁS IMPUTADOS

La conciliación extrajudicial se habría realizado, siempre según el Ministerio Público, en 'Mediar Puno' y su elaboración se le atribuye a Liliana Larico Bermejo; en tanto, el abogado Hans Larico Apaza presuntamente se encargó de la verificación de la legalidad del documento.

"La investigación presume que el acta de conciliación carecería de las formalidades establecidas en la ley y habría sido celebrada por el jefe de Asesoría Legal del Gobierno Regional con una delegación de facultades otorgada por el presidente regional, también de manera irregular", detalló la Fiscalía.

La medida coercitiva, solicitada por el fiscal provincial William Otazú Pinto, incluyó el allanamiento de varias sedes del Gobierno Regional.

El operativo fiscal contó con el apoyo de efectivos de la Dirección contra la Corrupción y de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y fue supervisado por el fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

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