Los gobiernos regionales envueltos en investigaciones y el impacto en la estabilidad y economía del país [Informe]

El 2021 será recordado, entre otras cosas, por la cantidad de gobernadores regionales que tuvieron que dejar sus cargos, los detuvieron, allanaron sus viviendas y/o los suspendieron debido a investigaciones por presuntos delitos como peculado, colusión y crimen organizado, no solo en su actual gestión sino, antes de ella.

Hasta diciembre del 2021, las cuentas indican que 22 de los 25 gobernadores regionales tienen procesos abiertos y son investigados por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecot).  Los únicos que no están incluidos en investigaciones son los gobernadores de Cajamarca, Mesías Guevara; La Libertad, Manuel Llempén; y San Martín, Pedro Bogarín.

Así las cosas, cabe preguntarse, ¿cuáles son las reformas pendientes para mejorar la elección o el control de las autoridades regionales? El experto en derecho administrativo de la Universidad de Piura, Guillermo Chang Chuyes, plantea una ley para intervenir las regiones en crisis ya que la fiscalización llega tarde.

“Entendemos mal la autonomía. Entonces habría que dar la posibilidad de intervenir gobiernos regionales y locales cuando las cosas van mal. Habrá que ver la mejor forma de hacerlo, para evitar que sea el gobierno central, quien manipule estas intervenciones. Podría ser intervención de la Contraloría, del Parlamento, pero me parece que sí se necesita intervenir los gobiernos regionales”, expresó. 

Los casos más sonados son los de los gobernadores de Arequipa, Elmer Cáceres; y Puno, Agustín Luque, quienes tienen prisión preventiva. Anselmo Lozano, de Lambayeque, está con arresto domiciliario; Dante Mandriotti, del Callao, con impedimento de salida de país; Wilmer Dios, de Tumbes, sentenciado y prófugo; y Vladimir Cerrón, suspendido de su cargo en Junín por una condena del 2019. El último en sonar fue el caso de Francisco Pezo, gobernador de Ucayali, sobre quien recae una orden de detención preliminar.

"El marco de contrataciones es pésimo"

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarán Núñez, investigado por colusión, cohecho y falsedad ideológica y genérica, propone reformar la Ley de Contrataciones en lo que respecta a las ampliaciones y adicionales que, según él, favorecen a los contratistas. Y habla de la mala imagen de sus colegas.

“Entonces, aquí tenemos que nosotros saber cuáles son las causales de esto. Una de las causales es el marco jurídico de contrataciones del Estado que es pésimo. Entonces aquí también parece que hay una cacería de brujas. Los fiscales toman como trofeo la cabeza de cada gobernador. Pasamos de la campaña electoral anterior, del 'terruqueo', al 'corrupteo': 'todos son corruptos'”, manifestó.

Áncash: inestabilidad

La región Áncash es un ejemplo de inestabilidad. Desde el 2014 tuvo 8 gobernadores, seis de ellos procesados por presunta corrupción. Incluso, Juan Morillo, elegido para el periodo 2019 - 2022, cumple prisión por colusión; y ahora, su sucesor, Henry Borja, también es investigado por una presunta coima. El predecesor de todos ellos, César Álvarez, estuvo al frente de la región del 2007 al 2014, y también se encuentra en prisión.

Una traba para luchar contra la corrupción es la falta de recursos y logística, asegura Luis Temple Temple, expresidente de la Junta de Fiscales y actual coordinador de las Fiscalías Anticorrupción de Ancash. Su región solo cuenta con un despacho de 21 fiscales y 7 peritos, pero es necesario crear otro con la misma cantidad de profesionales.

“Si tuviera todo el equipo necesario Contraloría, sus informes serían vitales, fundamentales, pero lamentablemente no lo pueden hacer. Y si el Ejecutivo dice que no hay recursos, sí hay recursos: los recursos son propios de canon y que deben revertirse a nuestra región a través de los órganos de justicia y los órganos de persecución en el caso de la fiscalía. Además, hay recursos que también se han recuperado”, dijo a RPP Noticias.

Honestidad

Para el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, la mejora del sistema debería consistir en que el Jurado Nacional de Elecciones impida postular a los que tengan investigaciones penales.

“Deben ser autoridades las personas que hayan demostrado, a lo largo de su vida, esa honestidad y transparencia que es muy importante. Nosotros no podemos nombrar como autoridades aquellos que tienen una decena de juicios administrativos, civiles, penales. Entonces, eso deteriora la imagen de las demás autoridades”, añadió.

Los gobiernos regionales existen tal y como los conocemos ahora desde el 2002. Solo hasta el 2017, una investigación de la Procuraduría Anticorrupción del Ministerio de Justicia detectó que había 395 procesos o investigaciones que se seguían hasta este año contra gobernadores y ex gobernadores. Y el 30% de esos casos se enfocaba en Pasco, Tumbes y Ucayali.

La Contraloría ubica a 13 gobiernos regionales en un nivel muy alto en el ranking de corrupción e inconducta funcional. Los demás están en el nivel medio y alto y ninguno en el bajo. En el 2020, más de 5 mil millones se perdieron por la corrupción en las regiones. Mientras tanto, los gobernadores se defienden ante la justicia y la población espera por obras.

Suscríbete a nuestros newsletters

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Entrevistas ADN | Fiscales podría solicitar allanamiento de oficinas en Palacio de Gobierno

 El impedimento que tuvieron los fiscales a cumplir su labor en Palacio de Gobierno, es un comportamiento obstruccionista que puede configurar un delito, explicó el abogado Julio Rodríguez Delgado, especialista en derecho penal.