¿Cuáles son las tres sanciones que podría enfrentar Arcos Dorados por la muerte de dos jóvenes en McDonald’s?

Esta mañana, en Ampliación de Noticias, el abogado laboralista Germán Lora habló sobre la reciente tragedia ocurrida en el local de comida rápida de McDonald’s, ubicado en el distrito limeño de Pueblo Libre, en el que dos jóvenes de 18 y 19 años murieron producto de una electrocución por una falla en una de las máquinas.

Al respecto, el abogado opinó sobre la modificación de la Ley N° 29783, que, a través de un decreto supremo que se está preparando actualmente, ordenará que las investigaciones en casos de accidentes laborales deban realizarse en un plazo de 10 días hábiles; en vez de 30.

Al respecto, consideró “contradictorio” que el tiempo se haya acortado, debido a que considera que en materia de salud y seguridad en el trabajo, las indagaciones son de carácter técnico.

“Se dijo mucho, en el accidente de McDonald’s, que se demoraban demasiado en la inspección de trabajo en realizar las investigaciones para poder sancionar a la empresa. Las investigaciones durarán 10 días nada más, lo cual es un poco contradictorio porque la salud y seguridad en el trabajo es una materia técnica en lo que es derecho laboral”, explicó.

LAS SANCIONES

El abogado laboralista indicó que existen tres tipos de sanciones que se le podrían aplicar a la empresa administradora de la franquicia de McDonald’s en el Perú, Arcos Dorados. En primer lugar, se encuentra la sanción administrativa, a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

“Cuando el empleador ha incumplido con sus obligaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo, se impone una multa que llega a más de 200,000 soles”, comentó.

La segunda sanción es la correspondiente a los daños y perjuicios que pueden pedir los deudos de los fallecidos o quienes se vean afectados. “Esa es una demanda que se ve en el fuero laboral, pero es una demanda típica de daños y perjuicios. Puede durar como cuatro o cinco años, como cualquier procedimiento laboral”, añadió.

En último lugar se encuentra la sanción penal, que según Lora se encuentra “limitada”. “Primero tendría que haber alguna autoridad como la Sunafil haber requerido un cumplimiento de esa obligación. Se requiere que una autoridad como la Sunafil haya previamente requerido que el operador caiga en una responsabilidad penal”, acotó y agregó que, en el Perú, casi el 80% de las inspecciones laborales en el Perú se dan producto de una denuncia, mas no en el marco de la gestión de la Sunafil.

“Siempre que me escuchan en materia de inspección digo que una gran promesa que todavía tiene la SUNAFIL por cumplir es que se cambie la idea de la Sunafil. (…) Independientemente del número de inspectores que tenga, creo que lo primero que tiene que hacer Sunafil es la labor de gestión”, refirió.