por Sergio Espinoza
·La concesionaria acató el fallo judicial, pero indicó que esta decisión priva a la empresa del 100 % de los ingresos que le restaban.
La concesionaria Rutas de Lima calificó de “arbitraria” la resolución judicial que anula el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur.
A través de un comunicado, la empresa alegó que acatará la disposición, emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac, en resguardo de sus trabajadores y usuarios para evitar cualquier tipo de “agitación social.
Pero la concesionaria insistió en que se trata de una nueva medida “ilegal”, arbitraria y abusiva”, además de acusar a la Municipalidad Metropolitana de Lima de encabezar una “campaña de hostilidad sin precedentes”.
“Esta nueva decisión judicial… se enmarca en la campaña de hostilidad sin precedentes que sufre la empresa, liderada por la Municipalidad de Lima y en la que han participado diversas entidades del Estado contra RDL y sus inversionistas”, se lee en la misiva.
Asimismo, la concesionaria indicó que se reserva todos sus derechos frente a los “actos” del Estado peruano.
PJ ordena a Rutas de Lima suspender cobros de peajes en Villa y Punta Negra
El Poder Judicial, a través del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac, ordenó suspender el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur.
El juzgado declaró fundado en parte la demanda de habeas corpus interpuesta por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar contra la concesionaria Rutas de Lima, por vulneración al derecho a la libertad de tránsito.
La jueza María Cáceres Rivera estableció que Rutas de Lima deberá cumplir la decisión judicial bajo apercibimiento de una multa en caso de no acatar el fallo.
Rutas de Lima afronta proceso de disolución y liquidación
A inicios de octubre, Rutas de Lima anunció el inicio de su proceso de disolución y liquidación, una decisión que, según la empresa, es una "consecuencia directa y exclusiva de los actos de hostigamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)" y otras entidades del Estado peruano.
A pesar de esta medida legal, la compañía ha confirmado que continuará operando las vías concesionadas y garantizando el servicio a los usuarios.
La decisión fue formalmente adoptada por la Junta General de Accionistas el 29 de septiembre de 2025, en cumplimiento de la Ley General de Sociedades del Perú. La empresa ha calificado esta acción como una "obligación legal" a la que se ha visto forzada por el accionar estatal.
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