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por Oswaldo Palacios
·Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, dijo que el desbordamiento de las actividades delictivas afecta a todos los sectores y exigió al Congreso de la República derogar la modificación a la ley contra el crimen organizado.
El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Martín Valeriano, alzó su voz de protesta ante la alarmante situación de inseguridad en el país.
En el programa dominical Punto final, el dirigente dijo que, desde hace seis años, el sector del transporte viene siendo blanco de amenazas del crimen organizado y que la situación ha empeorado dramáticamente después de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2.
"Tenemos 14 atentados, cuatro muertos y todos los transportistas amenazados", señaló, y enfatizó indignado: "El Ejecutivo no hace nada".
Para Martín Valeriano, la modificación a la ley contra el crimen organizado, aprobada en julio pasado por el Congreso de la República, ha dado facilidades a la delincuencia. Explicó que ese marco legal limita la labor de la policía, que ahora afronta dificultades para actuar de manera efectiva.
"Esta ley que aprobó el Legislativo en su momento (la Ley N.° 32108) ha dado más pie a lo que vemos (las extorsiones)", afirmó con determinación. Y demandó: "Tiene que ser derogada".
El dirigente sostuvo que el desbordamiento de la criminalidad afecta a los 32 millones de peruanos. "Mientras las autoridades están blindadas de seguridad", el ciudadano común y corriente "está expuesto", criticó.
En esa línea, hizo un llamado a todos los gremios a unirse para exigir un cambio real, debido a que "la inseguridad está en todos los lugares".
De qué trata la Ley N.° 32108
En julio pasado, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen que propone modificar el Código Penal, la ley contra el crimen organizado y la ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares (Ley N.° 32108).
La iniciativa obtuvo 12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, con el apoyo de los parlamentarios de Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos Perú, Honor y Democracia y Avanza País.
El dispositivo —presentado por el congresista Américo Gonza (Perú Libre), cuyo líder de su partido, Vladimir Cerrón, es investigado por presunta organización criminal— modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado.
El texto señala que se considerará como organización criminal a todo grupo “con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa”, conformado por tres o más personas que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles para la comisión de delitos sancionados con más de seis años de cárcel, “con el fin de obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”.
Capital Humano y Social (CHS Alternativo), organización que promueve la protección de los derechos humanos, advirtió que la Ley N.º 32108 “favorece a las organizaciones criminales” e identificó que el dispositivo aprobado excluye 59 tipos penales de los 91 que comprendía la norma anterior. Así, los delitos informáticos, estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos, tala ilegal, tortura simple, marcaje no agravado, concusión, colusión simple, peculado, cohecho pasivo simple, soborno internacional pasivo, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito básico, tráfico de influencias y falsificación de documentos. Asimismo, tráfico de órganos y tejidos, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilegal de datos personales, entre otros, ya no podrán ser investigados y procesados en el marco del delito de organización criminal.
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Oswaldo Palacios Portadista
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