Áncash: Defensoría del Pueblo advierte de posibles conflictos en Huari y Recuay para impedir el desarrollo de las elecciones 2022

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash, mediante un comunicado, alertó hoy sobre posibles hechos de violencia que podrían suscitarse en las próximas horas en las provincias de Huari y Recuay, lo que podría perturbar el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

En ese sentido, la Defensoría solicitó a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas (FF.AA.), "adoptar medidas inmediatas" que garanticen el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo.

Posibles conflictos

La institución precisó que, en una última reunión entre la sede defensorial de Áncash y "representantes de diversos organismos electorales" se evaluó "la cadena de hechos que vienen ocurriendo" en Huari y Recuay y que "podrían desencadenar en posibles conflictos que podrían enturbiar el desarrollo de los comicios".

Entre las incidencias reportadas durante esa reunión, resaltó el pedido dirigido por el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Huari para que se otorgue mayor seguridad a los locales de votación ubicados en los distritos de Anra, Ponto, Huacachi, Huacchis, Huachis, San Pedro de Chana, Rapayán y en el centro poblado de Huaytuna.

Asimismo, se pusieron en evidencia las amenazas de quemas de actas electorales y contra el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que han sido dirigidas en el centro poblado de San José de Illauro, en la provincia de Antonio Raimondi.

Además, se resaltó el descontento que existe entre la población del distrito de Huayllapampa, perteneciente a la provincia de Recuay, "debido a que solo un candidato ha sido habilitado para participar en la contienda electoral". Esta situación, según la Defensoría, habría originado que la población se esté organizando para impedir el desarrollo de la jornada electoral del domingo.

“Consideramos que la tensión social que se registra en la provincia de Huari constituye un factor de riesgo que puede afectar los derechos de las personas al momento de llevarse a cabo el proceso electoral, siendo indispensable tomar acciones preventivas, a fin de evitar conflictos entre la población y las autoridades electorales”, sostuvo la jefa de la Oficina Defensorial de Áncash, Soledad Rodríguez, en los documentos que dirigió al jefe de la Macrorregión Policial de Áncash y a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores; así como al jefe del Batallón de Infantería Motorizada n.° 06 "Juan Hoyle Palacios".

Asimismo, la funcionaria precisó que, en las últimas semanas, se han presentado situaciones de alerta ante el cambio de lugares de votación que se habría efectuado en varios casos con el fin de evitar los denominados “votos golondrinos”. En ese sentido, la representante de la Defensoría del Pueblo pidió que las medidas que adopte cada entidad incluyan el envío de más representantes a la zona para custodiar la seguridad de la jornada.

Medidas de resguardo

Ante la situación descrita por la Defensoría, el jefe de la Macrorregión Policial de Áncash, Fredy del Carpio Sotelo, en diálogo con RPP Noticias, señaló que 2800 efectivos se encargarán de la seguridad en las elecciones en toda la región y enviarán mayor cantidad de agentes en las zonas conflictivas.

"Nosotros hemos hecho acciones de inteligencia en las zonas y estamos enviando personal (…) También va a venir personal de la Dinoes de Lima. Ya llegaron anoche y ya estamos distribuyendo, a partir de mañana, el desplazamiento. En toda la región Áncash, más o menos, son un promedio de 2 800 efectivos, entre personal de patrullaje, de la Dinoes en toda esa región de Huari porque tenemos bastante información sobre los (votos) golondrinos y estamos trabajando en base a eso", explicó.

Asimismo, indicó que han advertido que algunos postulantes están azuzando a los pobladores para que realicen algunas protestas si no salen elegidos, por lo que les aconsejó a mantener la calma y respetar el voto popular.

"Si hay alteración del orden público, sabremos nosotros quiénes son los responsables para ponerlos a disposición de la Fiscalía de Prevención del Delito”, subrayó.

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