El juez Luis Madariaga Condori, quien lo sentenció por una mala gestión ante la COVID-19, le dio dos días de plazo para que retire públicamente las ofensas.
El juez Luis Madariaga Condori multó con cinco Unidades de Referencia Procesal, equivalente a 2150 soles, al gobernador Elmer Cáceres Llica, a quien le dio dos días de plazo para que retire públicamente los insultos que realizó en una ceremonia pública.
“Este juez chistoso, ¿Quién lo digita? ¿Quién le paga? Al final esta sentencia no tiene validez a nivel nacional… Señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Perú por favor llame la atención y jale las orejas a ese juez burro que hace quedar mal a los jueces del país”, dijo Llica en la provincia de Castilla, el último martes 24 de noviembre.
Así respondió el gobernador a la sentencia emitida por el Juzgado Civil del Módulo de Justicia de Mariano Melgar, que dispone que debe dejar el cargo por su mala gestión durante la pandemia del nuevo coronavirus.
Según la resolución de multa, de incumplirse esta disposición, se remitirán copias al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. Asimismo, se exhorta al demandado en el proceso de Acción de Amparo Constitucional presentado para exigir el cumplimiento de un protocolo de prevención y atención contra el COVID-19 que cumpla con adecuar su conducta procesal a los deberes de lealtad, probidad, veracidad y buena fe.
En la resolución, se pide a Cáceres Llica abstenerse de realizar afirmaciones injuriantes y ofensivas que afecten la imagen del Poder Judicial y del magistrado a cargo del proceso, bajo apercibimiento de duplicar la multa.
La resolución de multa puede ser apelada ante la Sala Superior, que puede confirmar o revocar esta decisión a efecto de que se haga efectiva la multa y apercibimientos dispuestos.
El magistrado recuerda que son deberes de los abogados y apoderados, abstenerse de usar expresiones descomedidas o agraviantes en sus intervenciones, así como guardar el debido respeto al juez, las partes y a los auxiliares de justicia. Asimismo, reconoce el derecho de todas las personas de formular análisis y críticas a las resoluciones y sentencias judiciales, derecho que debe ejercerse dentro de los límites de la ley.
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