Edita Vargas consideró que el Consejo Regional debe evaluar su la situación actual de Ciro Castillo. Asimismo, solicitó a la Policía Nacional brindarle garantías pues temen que este pretenda ingresar a la fuerza a la sede.
La gobernadora regional del Callao interina, Edita Vargas, anunció este domingo que no se permitirá que Ciro Castillo retome este lunes 2 de febrero sus funciones en el cargo pese a la decisión judicial de anular la orden de 24 meses de prisión preventiva en su contra.
Vargas explicó que los funcionarios del Consejo Regional deben evaluar el caso que afronta Castillo Rojo por supuestamente integrar una organización criminal y decidir si es válido que vuelva a su cargo de gobernador o no.
"El señor no se ha ido de licencia o viaje, se ha ido por hechos que todos conocemos: él está en este momento como prófugo de la justicia, no se ha presentado en ningún momento (ante las autoridades). Entonces, creo que se debe proceder correctamente dirigiéndose a los consejeros regionales para que ellos puedan asumir la responsabilidad penal, civil y administrativa para que vuelva a ingresar al Gobierno Regional. Si se le permite ingresar nuevamente, puede acabar con toda la documentación que se necesita para la investigación", explicó la funcionaria en conferencia de prensa.
Vargas también anunció que se ha solicitado a la Policía Nacional un apoyo especial porque tiene información de que Ciro Castillo reaparecería mañana lunes y trataría de ingresar a la fuerza al Gobierno Regional del Callao.
"Tengo medidas de protección frente a la persona que va a venir el día de mañana. Refieren que va a venir en forma prepotente con un grupo de personas para ingresar en forma abusiva aquí. (Se pidió) al jefe de la Región Policial del Callao y también a la Fiscalía de turno para que el día de mañana venga y pueda apaciguar la situación porque esto no es la casa de nadie, esta es la casa de la población del Callao", exclamó.
Ciro Castillo afronta desde diciembre pasado una investigación por presunta organización criminal y colusión agravada porque integría la llamada banda "Los Socios del Callao". Según la Fiscalía, los miembros de dicho grupo habrían aprovechado sus cargos para otorgar las contrataciones de personal en el Gobierno Regional por montos iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias, evitando los procesos de selección establecidos por ley.
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