Dina Boluarte se reunió en privado con agentes del Comando Unificado en Pataz

La presidenta Dina Boluarte se reunió en estricto privado con 1100 agentes del Comando Unificado que ya se encuentran instalados en el campamento minero Hualanga, de la compañía minera Poderosa, en la provincia de Pataz, región La Libertad.

En su mensaje, la presidenta se refirió a los trece trabajadores de seguridad que fueron ejecutados en un socavón a manos de la ilegalidad y adelantó que la suspensión de las actividades mineras por treinta días podrían reducirse de acuerdo con los resultados.

Mientras el mensaje era grabado en el lugar, pobladores y autoridades como el alcalde distrital de Pataz, Segundo Armas, reclamaron porque la presidenta no se reunió con ellos y aseguró que no los representa.

La zona de mayor intervención de bandas criminales vinculadas a la ilegalidad se encuentra en el punto de concesión de Poderosa, una situación que no se replica en zonas rurales organizadas, lugares hasta donde RPP llegó para escuchar los motivos por el que los mineros artesanales se oponen a las medidas del Estado como el toque de queda.

La presidenta Dina Boluarte solo se mantuvo en la zona de campamento hasta su abordaje en helicóptero que la condujo de regreso a Trujillo y posteriormente a Lima, donde se emitió el mensaje que le dio al Comando Unificado en Pataz.

Dina Boluarte llegó este viernes a la provincia de Pataz, en La Libertad, para participar de una reunión con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a fin de realizar las coordinaciones durante el estado de emergencia que rige en esta ciudad. Esto a unos días de conocerse del asesinato de 13 trabajadores y cuyos cuerpos fueron hallados en un túnel.

El Poder Ejecutivo informó en sus redes sociales que durante el tiempo que dure la medida se han desplegado 900 agentes de la PNP y 150 efectivos de las Fuerzas Armadas. Además, se ordenó la inmovilización social nocturna (de 18:00 a 6:00 horas) y la paralización total de actividades mineras.

Tragedia en Pataz 

El pasado domingo se encontraron, dentro de un túnel en el anexo de Pueblo Nuevo, los cuerpos sin vida de 13 trabajadores de la empresa R&R que habían sido secuestrados el 25 de abril por una organización criminal liderada por un sujeto con el alias de 'Cuchillo'.

Las víctimas se encargaban de brindar el servicio de seguridad a los mineros artesanales de la empresa Libmar en Pataz. Esta compañía labora en la localidad por concesiones que mantiene con la minera Poderosa.

Luis Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, reveló en entrevista para RPP que, tras realizar la necropsia de ley a los cuerpos, se determinó que estos llevaban “aproximadamente” siete u ocho días de fallecidos. Incluso, contó que algunos cadáveres llegaron a la Morgue en estado de descomposición. 

La minera Poderosa responsabilizó de este crimen tanto sobre el Ministerio de Energía y Minas como al Congreso por no haber actuado a tiempo para que se puedan evitar estos ataques.

Esta empresa precisó que la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas "sigue sin atender los pedidos de exclusión presentados por la empresa para retiarar de sus concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción".

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