Iván Arenas, periodista y analista social, indicó que la estrategia del Ejecutivo está enfocada en la contención contra la minería ilegal en Pataz, pero que las organizaciones criminales se han movilizado a otras zonas del corredor minero, donde también confluye el narcotráfico.
La madrugada del pasado 31 de diciembre, un enfrentamiento armado en la bocamina ‘Papagayo’, ubicada en el sector Morena del anexo de Vijus, en el distrito de Pataz, La Libertad, dejó tres muertos con impactos de bala y la detención de dos personas.
Según información de la Compañía Minera Poderosa, su personal de seguridad se trasladó hacia la zona tras escuchar impactos de bala. Al llegar, encontraron a los fallecidos, "quienes habrían ingresado de manera ilegal a la zona de minado con la intención de sustraer mineral, por lo que se dio aviso inmediato a la Policía". Además, indicaron que el enfrentamiento "se habría producido en un sector donde operan grupos dedicados a la minería ilegal que se disputan el control del área".
Esta situación no es nueva. Según Koki Noriega, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), solo el 2025, hubo 49 muertes vinculadas a la minería ilegal. Además, señaló que la zona se encuentra en estado de emergencia desde hace casi 2 años, sin resultados efectivos.
¿Qué está pasando en Pataz que siguen dándose estos hechos criminales? Al respecto, RPP conversó con Iván Arenas, periodista y analista en temas sociales y políticos, quien dio cuenta de lo que, a su parecer, está fallando en la estrategia del Ejecutivo en la zona.
"Hay que entender que todo eso es un corredor de minería ilegal"
Arenas Ramírez consideró que el Ejecutivo ha desplegado "una estrategia de contención del desborde de la minería ilegal y la minería informal" en Pataz, a través del Comando Unificado, que agrupa a las Fuerzas Armadas y la Policía. En ese sentido, indicó que esto "viene funcionando".
Sin embargo, acotó que, "por más que exista un Comando Unificado de Pataz, hay que entender una cosa: no existe Policía, ni existe cuerpo militar que esté especializado en la entrada a socavones o bocaminas". Además, señaló que, dada la presencia del comando unificado, las organizaciones criminales han empezado a operar en otras áreas de lo que llamó "un corredor de minería ilegal" que confluye con el narcotráfico.
"Al entrar al desarrollo de acciones en Pataz, evidentemente estos parqueros o estos mineros informales, ilegales, estas plantas de procesamiento que financian a estos parqueros iban a retirarse a otras zonas, como el caso de Vijus, o el caso de Quiruvilca, o Santiago de Chuco, o inclusive se iban a ir más allá […], dentro de la misma región de La libertad, como en otras regiones aledañas, en el caso de Cajamarca", explicó.
"Hay que entender que todo eso es un corredor de minería ilegal. O sea, no solamente es Pataz, sino es Santiago de Churo, Quiruvilca, Huamachuco. Todo eso es un corredor de minería ilegal por donde pasa básicamente el Marañón. Pero además es un corredor que se conecta con otro corredor que viene desde Siguas, desde Huacrachuco, que viene desde un corredor del narcotráfico, que viene desde Tocache. Entonces, eso es un corredor donde se encuentra la minería ilegal y el narcotráfico. Entonces, si nosotros solamente actuamos en Pataz, evidentemente, estamos actuando en una zona. Entonces, la idea es actuar en todo ese corredor", remarcó.
El analista agregó que dicho "corredor de economías ilegales" abarca no solamente la sierra liberteña, sino también la sierra cajamarquina, por lo que la estrategia del Ejecutivo debería considerar esa situación.
"Ese corredor, básicamente, [recorre] el Marañón. Si uno ve un mapa, el lugar de salida desde Tocache es hacia Huacrachucro y es hacia Siguas, y viene por toda la sierra liberteña. Ese es un corredor económico de minería ilegal y el narcotráfico. Entonces, la idea es que se actúe a nivel de corredor económico", aseveró.
"Es momento de actuar desde el punto de vista de corredor económico. Evidentemente, también tenemos que actuar a través de otra estrategia, que es la de trazabilidad de las plantas de procesamiento, porque básicamente esto es una cadena productiva ilegal, donde hay financistas, donde comercio, donde hay mercados, donde hay plantas de beneficio, plantas de procesamiento. Si no entiendes que también tienes que hacer una trazabilidad desde abajo hacia arriba, entonces no entendemos nada", subrayó.
Arenas incidió en que "si solamente estamos en una estrategia de contención", enfocada "a nivel de producción", entonces "tampoco estamos haciendo mucho", si no se tiene una estrategia territorial, que también considere las plantas ilegales de procesamiento del mineral y el proceso de formalización.
"En el Perú, existen 220 plantas de procesamiento, aproximadamente, en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), de manera formal. Pero existen cerca de 2000 de manera ilegal e informal. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es cuál es el rol de los gobiernos regionales en cuanto a la fiscalización de las plantas de procesamiento", indicó.
"La otra estrategia es, básicamente, territorial, donde tenemos que tomar, no solamente el control de Pataz, sino el control de todo el territorio que viene del Marañón. Entonces, aquí hace falta una estrategia articulada, pero una estrategia de terminar de una vez por todas el proceso de formalización. De momento no tenemos una estrategia, de momento no tenemos a una persona encargada en formalización. En Ingemet también entiendo que han retirado a una persona y que, en los próximos días, van a nombrar a otra", puntualizó.
![¡En plena audiencia! Acusado atacó a jueza que le negó la libertad condicional [VIDEO]](https://e.rpp-noticias.io/small/2024/01/04/mmd-vd-20240104-clj-usa-justiciacriminalidad-349g2vy-es-1520871mp4_1520872.webp)
