Piden entre 16 y 28 años de cárcel para procesados por el caso “Aymarazo”

El Juzgado Penal Colegiado de Puno inició la mañana de este lunes, el juicio oral del caso denominado “Aymarazo”, en el que se encuentran procesados 18 exdirigentes de la zona sur de la región, para quienes el Ministerio Público pidió entre 16 y 28 años de pena privativa de la libertad.

La Fiscalía les imputa ser coautores en la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio, en su modalidad de extorsión agravada, y contra la tranquilidad pública, en su modalidad de delitos contra la Paz Pública, en su forma de disturbios.

Están acusados el expresidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, Walter Aduviri Calisaya, Patricio Illacutipa Illacutipa, Gilver Chura Yupanqui, Edwin Condori Chipana, Javier Pari Sarmiento, Rufino Machaca Quinto y Domingo Quispe Tancara.

También Eddy Uriarte Chambilla, Pedro Cruz Pari, Gregorio Ururi Fernández, Felix Illacutipa Mamani, Francisca Sarmiento Choque, Rosendo Mendoza Condori, Marco Antonio Ururi Musaja, Emilio Paredes Pari, Pablo Salas Charca, Eufracio Guido Velez Carito y Severo Efraín Iturry Gandarillas.

Para Aduviri Calisaya, se pide 21 años de cárcel por el delito de extorsión agravada y siete años por disturbios, haciendo un total de 28. Asimismo para los otros 17 acusados las penas fluctúan entre los 27 y 16 años.

Además, la Fiscalía solicitó que los imputados paguen cinco millones de soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.

Entretanto, fueron declarados como reos contumaces a Pedro Cruz Pari, Javier Pari Sarmiento, Rosendo Mendoza Condori y Emilio Paredes Pari, por no haber asistido a la audiencia.

El Aymarazo

El “Aymarazo” fue una protesta ocurrida en mayo del 2011 dirigida por Wlater Aduviri para que el gobierno de Alan García suspenda las actividades de la empresa canadiense Bear Creek Minig Corporation y su proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito.

Las protestas duraron casi un mes, y al no haber una respuesta del gobierno, su punto más álgido los llevó a sitiar la ciudad de Puno desatándose luego disturbios como la destrucción de local de Aduanas y otras entidades. Esto dejó millonarias pérdidas económicas que afectaron el turismo. 

Varios de los acusados sostienen que en dichas acciones violentistas hubo infiltrados y que existe una legítima defensa contra quienes están siendo procesados, y que por ello podrían ir injustamente a la cárcel.