Análisis | Las propuestas anticorrupción del Gabinete Villanueva

Los analistas Rafael Chanjan y Juan Pari examinan los cinco puntos de la agenda anticorrupción expuesta por Villanueva ante el Congreso.
El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, se presenta ante el Congreso para exponer la política general del Gobierno y pedir el voto de confianza del Parlamento. | Fuente: PCM

Durante su exposición ante el Congreso de la República, el presidente del Consejo de Ministros César Villanueva presentó cinco propuestas para la luchar contra la corrupción. En el marco de las investigaciones del caso Lava Jato estas medidas cobran especial relevancia.

Dos especialistas comentaron a RPP Noticias los cinco anuncios de Villanueva.

1. Declaraciones de intereses

En aras de la transparencia, Villanueva propuso que todos los ministros y altos funcionarios presenten de manera obligatoria su declaración jurada de intereses y parentesco. Rafael Chanjan, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, opinó que la novedad es la obligatoriedad de la medida. “Ayuda, pero no es suficiente: hay que tener un procedimiento de fiscalización y de control para ver que el contenido de la declaración jurada sea real”, señaló.

El excongresista Juan Pari, quien lideró la Comisión Lava Jato el período pasado, consideró que también habría que prestar atención a los testaferros, debido a que muchos de los funcionarios corruptos recurren a esta figura.

2. Ley de gestión de intereses

Perú cuenta con una Ley de Lobbies desde el 2003, aunque en opinión de los especialistas no funciona de manera eficiente: según Chanjan, nunca existió un adecuado registro de gestores ni de los actos de gestión. “En más de 10 años fueron menos de 10 los gestores que se inscribieron en este registro”, señaló. Agregó que se requiere de voluntad política para implementar adecuadamente la medida presentada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Pari, autor del libro ‘El Estado corrupto’, coincidió en que la Ley de Lobbies no ha funcionado. “Era una gran intención, pero no llegó en absoluto a determinar cómo se debía manejar”, señaló. “Habría que ver los conceptos que guarda este (nueva) norma”, dijo.

3. Ampliación de la muerte civil

Una tercera medida anticorrupción implica ampliar la llamada “muerte civil” (inhabilitación para funcionarios condenados por delitos de corrupción) para narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. “Existe la muerte civil para casos graves de corrupción. Para estos casos la ley tipifica una inhabilitación permanente”, señaló Chanjan. “Ampliarla a otros delitos puede ser una medida adecuada, porque se puede evitar que estos grandes fondos ilícitos se cuelen en la función pública”.

En opinión de Pari, entender el vínculo de la corrupción con el  lavado de activos es fundamental. “Esperemos que no sea una muerte civil parcial”, agregó.

4. Aportes no declarados

El Primer Ministro propuso penalizar los aportes no declarados en campañas electorales. “Es una medida que se ha exigido desde la sociedad civil: crear el delito de financiamiento ilícito de campañas o partidos políticos. Actualmente esto no constituye delito, sino una infracción administrativa”, comentó Chanjan. La medida, en opinión del especialista, contribuye a transparentar el financiamiento de las campañas, y evitar que se cuele dinero proveniente de la corrupción, del lavado de activos o del narcotráfico.

Pari comentó que se deben revisar las fórmulas de cómo se hacen las campañas, y cómo funcionan y se sostienen los partidos políticos.

“Una medida que no ha sido mencionada es la prohibición de los aportes anónimos. España lo prohíbe, en Perú se permite hasta cierto monto”, agregó Chanjan, quien considera que este punto contribuye a la vinculación entre el financiamiento y actividades ilegales.

 

César Villanueva llega al Congreso de la República con los ministros de su gabinete. | Fuente: PCM

5. Extinción de dominio

Finalmente, Villanueva propuso una Ley de Extinción de Dominio, que busca que los activos obtenidos de manera ilícita -a través de dinero proveniente de la corrupción o el lavado de activos- pasen a ser administrados por el Estado.

“No le encuentro una diferencia sustancial a la actual Ley de pérdida de dominio. Habría que ver en qué términos específicos se está planteando esta modificación”, indicó Chanjan. El investigador del Idehpucp apuntó que existen algunos aspectos que el Estado debe fortalecer para aplicar de manera efectiva la ley: la falta de presupuesto, la falta de recursos humanos y la capacidad del Estado para administrar los bienes incautados.

El excongresista Pari se mostró de acuerdo con la medida. “Deben extinguirse el dominio de todos los bienes obtenidos por los corruptos”, comentó.

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