Defensoría del Pueblo evaluará acudir a instancias internacionales tras aprobación del informe de Cavero

Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, en diálogo con RPP Noticias, señaló que se evaluará acudir a "instancias internacionales" frente a la aprobación del informe del congresista Alejandro Cavero, realizada ayer, que recomienda archivar la acusación constitucional contra el expresidente Manuel Merino, el expremier Ántero Flores-Araoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.

"Se evaluará con las respectivas familias los siguientes pasos y uno de ellos puede ser acudir a una instancia internacional. Y que el Estado continúe reparando los daños, las lesiones que han sufrido las víctimas en estas movilizaciones", sostuvo.

 En ese sentido, añadió que el tema en el Congreso "ya está cerrado" con esa decisión, por lo que se buscará la solución desde otros ámbitos.

"Tendría que esperarse una solución que pueda venir desde el Poder Judicial o desde los ámbitos internacionales, vía el sistema interamericano que ordene que la investigación prosiga", explicó.

Obligaciones incumplidas

Por otro lado, Percy Castillo subrayó que el Perú tiene obligaciones internacionales en cuanto a la protección de los derechos humanos y que éstas no habrían sido contempladas en el informe aprobado ayer por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.

"Lo que consideramos es que ha debido profundizarse en el conocimiento de los hechos que eran materia de investigación. Y lo que correspondía, como una obligación internacional del Perú, era permitir que se desarrolle la más amplia investigación posible [...] Insistimos en que era necesario tener presente qué obligaciones tiene el Perú, en el ámbito nacional e internacional, con relación a los derechos humanos", explicó.

Al respecto, añadió que esta obligación del Estado tiene como punto de partida la "exhaustiva investigación" de todo suceso que vulnere derechos como el derecho a la protesta.

"Justamente lo que se busca siempre en el ámbito de los derechos humanos es que toda vulneración, toda violación debe ser exhaustivamente investigada y se sancione a todos los responsables porque cuando se deja un margen para la impunidad, estos hechos vuelven a repetirse", sostuvo.

Castillo señaló que el archivamiento de la denuncia constitucional sienta "un mal precedente" para estos casos. Además, consideró que el Estado debe cumplir con el compromiso de "reparar" el daño infligido a las víctimas de la represión de las protestas de noviembre de 2020.

"Al margen del ámbito judicial, hay un reconocimiento de la responsabilidad de los hechos que se hizo en el gobierno de Francisco Sagasti, y corresponde reparar. Ninguno de los heridos, por ejemplo, debería quedarse sin poder recuperar el máximo grado de salud que sea posible", explicó.