La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A pesar de ser un pilar básico y esencial para el desarrollo de sociedades libres y democráticas, la posibilidad de informar con independencia es restringida o atacada incluso por las autoridades que prometen respetar todos los derechos. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, conozcamos sus retos y dificultades en el siguiente informe.
El 3 de mayo de 1993, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instauró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha destinada a recordar a los gobiernos la necesidad de respetar su compromiso con este derecho fundamental. Sin embargo, autoridades de diversos países continúan utilizando su poder para vulnerarlo mediante mecanismos como el control y la censura de la información, la persecución de periodistas, campañas de desinformación, la impunidad frente a crímenes contra comunicadores, o la aprobación de normas que buscan restringir la libertad de expresión y de prensa.
El artículo 2, inciso 4, de la Constitución Política del Perú establece como derecho “las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, censura ni impedimento alguno”. Sin embargo, el ejercicio de la misión de informar enfrenta diversos obstáculos y agresiones.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, en su informe anual, reportó que en 2024 se registraron 392 ataques contra periodistas y medios de comunicación. Las amenazas y el hostigamiento fueron las acciones más recurrentes, seguidas por agresiones físicas y verbales, así como intentos de desacreditar y deslegitimar a la prensa. La organización Reporteros sin Fronteras, en su informe del 2025, indicó que a pesar de que la libertad de prensa está garantizada por la legislación, los periodistas son objeto de frecuentes agresiones y hostigamientos por parte de las fuerzas de seguridad.
Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), gremio que agrupa a propietarios y editores de medios impresos del continente, visitó el Perú en marzo de 2025. Carlos Jornet, quien encabezó la delegación, expresó su profunda preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en el país y la creciente hostilidad hacia los periodistas.
“Hace dos años, a esta parte, vemos un permanente deterioro de la libertad de prensa con señales cada vez más hostiles de parte de funcionarios públicos, de congresistas, con un clima también en las calles, que empieza a ser preocupante, y además, con el agregado de que, por primera vez en bastante tiempo, Perú tiene un periodista asesinado en enero pasado”, manifestó.
En su declaración, Jornet se refirió al asesinato del comunicador Gastón Medina, propietario y director de Cadena Sur TV. El crimen ocurrió el 20 de enero de 2025, frente a la vivienda de Medina, en Ica. El homicidio aún no ha sido esclarecido.
La Sociedad Interamericana de Prensa señaló que, si bien no se registraron casos de censura estatal directa contra periodistas o medios de comunicación, en los últimos meses persistieron los ataques mediante discursos contra la prensa, amenazas, agresiones, denuncias, querellas e iniciativas legislativas. Según la organización, el Gobierno es la institución que más acciones comete contra la prensa, incluyendo enfrentamientos verbales y mensajes de la presidenta Dina Boluarte dirigidos contra los medios. La institución recordó que, en octubre de 2024, la mandataria utilizó el término “terrorismo de imagen” para referirse a la cobertura periodística sobre su gestión.
“Las noticias falsas creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen, un viejo método que aplicaron los totalitarios con su lema, miente, miente, que algo queda”, dijo en aquella oportunidad.
Las hostilidades contra la prensa también se registraron durante el gobierno de Pedro Castillo, antecesor de Dina Boluarte. El hoy expresidente, preso y procesado por casos de corrupción e intento de golpe de Estado, utilizaba expresiones agraviantes contra periodistas. Incluso, permitió que efectivos policiales los agredieran durante sus desplazamientos, como ocurrió en marzo de 2022, cuando Diana Falcón, reportera de RPP, fue empujada por un custodio durante un recorrido hacia el Congreso.
Reporteros Sin Fronteras indicó que, desde diciembre de 2022, la Policía intensificó el uso excesivo de la fuerza contra los periodistas que documentan detenciones arbitrarias, muertes y golpizas durante protestas.
Desde el Poder Legislativo también se han visto amenazas a la libertad de prensa y de expresión. Una de las más recientes fue el proyecto de ley aprobado en primera votación en marzo de 2025, que propone modificar el Código Penal para elevar la pena de prisión por el delito de difamación hasta cinco años cuando se cometa a través de un libro, la prensa, redes sociales, sitios web u otro medio de comunicación social. Actualmente, la pena máxima es de tres años de prisión.
La presidenta ejecutiva de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Michelle Szejer, afirmó que el proyecto forma parte de un patrón de conducta de los legisladores en contra de los medios de comunicación. Agregó que la aprobación de iniciativas que atentan contra la libertad de expresión podría llevar al Perú por el mismo rumbo que países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde la represión impide a la población acceder a información independiente.
“Lo que pretende es amedrentar a los periodistas en su afán de investigar. Creo que es importante decirle a los señores congresistas, ministros y servidores públicos en general, que la función viene con rendición de cuentas. No solamente viene con choferes, asistentes, asesores, sino también viene con un escrutinio del poder, y para eso está la prensa libre”, sostuvo.
El abogado en derecho penal y especialista en temas de libertad de prensa y expresión Roberto Pereira también advirtió que desde el Parlamento existen persistentes intentos de debilitar la libertad de expresión en el Perú.
“Permanente intento del Congreso de la República donde están pues políticos que son cuestionados por la prensa, que la prensa divulga hechos que son ilegales, que cometen ilegalidades, entonces esto es una reacción más, un intento más de debilitar las garantías de la de la libertad de expresión”, cuestionó.
La limitación del derecho fundamental a la libertad de expresión afecta en distintos grados a los países. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha confiscado los bienes de varios medios críticos, entre ellos las instalaciones del diario La Prensa, fundado en 1926. En Cuba, las televisoras, estaciones de radio y periódicos están estrechamente vigilados por el Estado, según Reporteros Sin Fronteras.
La misma organización también alertó que en Argentina, el presidente Javier Milei "ha estigmatizado a los periodistas, desmantelado los medios públicos y utilizado la publicidad estatal como arma política". En Estados Unidos, el presidente Donald Trump atacó sistemáticamente a los medios críticos de su gobierno y llegó a prohibir el acceso de reporteros de Associated Press a la Casa Blanca, luego de que la agencia utilizara el término "Golfo de México" en lugar de "Golfo de América", denominación que Trump pretendía imponer para referirse a esa zona del Océano Atlántico.
En México, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó un proyecto de nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que incluía un artículo que facultaba al Ejecutivo a bloquear plataformas digitales. Sin embargo, ante las denuncias de un intento de vulnerar la libertad de expresión, el propio Gobierno solicitó al Senado detener la votación y revisar el texto.
Las Naciones Unidas señalan que el Día Mundial de la Libertad de Prensa es también una jornada de reflexión para los profesionales de los medios sobre temas relacionados con la libertad de prensa y la ética periodística. Asimismo, es un día de respaldo a los medios que son blanco de restricciones o supresión de esta libertad, y de homenaje a los periodistas que perdieron la vida en el ejercicio de su labor informativa.
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