El exmandatario indicó que si bien ha pedido disculpas "con sinceridad" este fue informado que las dosis que se colocó pertenecían al ensayo clínico de la vacuna Sinopharm.
El exmandatario Martín Vizcarra se pronunció en torno al escándalo de los funcionarios vacunados contra la COVID-19 de manera irregular. Indicó que si bien ha pedido disculpas a la población, él había sido informado que las dosis pertenecían al ensayo de la vacuna.
En declaraciones para Ampliación de Noticias, Vizcarra Cornejo expresó que si se evalúa "con objetividad, no hay ningún delito". "Hablaremos con la verdad y explicaremos todo lo que hemos hecho", dijo.
El candidato al Congreso por Somos Perú indicó que este fue informado sobre las vacunas, sin embargo, precisó que el médico encargado del ensayo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Germán Málaga, le informó que pertenecían al ensayo clínico.
"Como presidente, me dijeron que habían 12 mil dosis para la etapa experimental. Nunca, hasta el día que dejé el Gobierno, me habló de números adicionales a estas dosis", explicó. Asimismo, indicó que Málaga debió de indicar que habían adicionales para el personal de salud.
"Debieron recibirlo los médicos de UCI", afirmó. Vizcarra Cornejo agregó además que no retirará su candidatura ante el escándalo de las vacunas y que responderá a la justicia cuando esta se lo pida.
PROCESOS
La subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que declara procedentes las denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por infracciones a la Constitución, en primer término, y por delitos en el ejercicio de la función.
Por el primero de los cargos (infracción constitucional) se inicia el proceso de juicio político que podría acabar en la inhabilitación para ejercer función pública de estos exfuncionarios, mientras que en caso de los presuntos delitos en el ejercicio de la función se inicia el proceso de antejuicio político.
Este informe aprobado será derivado próximamente a la Comisión Permanente para que luego se designe a un congresista delegado para que realice la investigación respectiva con la toma de declaraciones de los exfuncionarios involucrados. El caso terminará en el Pleno del Congreso donde se tendrá que votar el informe final.
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