A tres meses del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo: ¿qué ocurrió y qué sigue para el país?

Lima, 17 de noviembre de 2022. El entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, acompañado de su equipo ministerial, presenta una cuestión de confianza a fin de que el Parlamento apruebe la iniciativa del Poder Ejecutivo para que se derogue la ley 31399, conocida también como la ‘ley antireferéndum’.

En el Palacio Legislativo, Torres dijo que esta cuestión de confianza no debía considerarse como un intento de cierre del Congreso, porque la iniciativa buscaba que la ciudadanía tenga una participación activa en las decisiones más trascendentales del país. Sin embargo, este hecho marcó un punto de quiebre en el Gobierno de Pedro Castillo.

"Señor presidente [del Congreso], no vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso. Lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo como poder constituyente a participar activamente en temas de mayor relevancia y que el poder constituido no se coloque por encima del poder soberano”, declaró.

El presidente Pedro Castillo también pidió a la representación nacional aprobar la cuestión de confianza para “restablecer la democracia ciudadana”.

Una semana después, la Mesa Directiva decidió rechazar “de plano” la cuestión de confianza solicitada por el Poder Ejecutivo; es decir, la solicitud no fue admitida a trámite, como explicó el congresista Carlos Anderson. En un pronunciamiento público, el titular del Congreso, José Williams, indicó que la presentación de este mecanismo incumplió los requisitos constitucionales para ser presentada.

Asimismo, Williams cuestionó que, en su exposición, Aníbal Torres haya advertido que, si su planteamiento no era atendido, en Palacio de Gobierno se interpretaría que la cuestión de confianza ha sido rechazada. Y así fue.

Gobierno interpreta rechazo de la cuestión de confianza

El Gobierno de Pedro Castillo había interpretado el rechazo de plano de la cuestión de confianza como una primera denegatoria, una situación que otorgaba al presidente la posibilidad de cerrar el Congreso ante un segundo rechazo del recurso. Esta interpretación quedó evidenciada en el acta de la sesión del Consejo de Ministros que se realizó el  24 de noviembre, la última que fue encabezada por Aníbal Torres.

Ese día, Castillo Terrones dio un mensaje a la Nación en el que anunció que aceptaba la renuncia de su premier Aníbal Torres y la renovación del Gabinete Ministerial, tras la disposición de la Mesa Directiva del Congreso. La bala de plata – término que una vez utilizó el ex primer ministro, Héctor Valer, para amenazar al Congreso tras las negativas de varias bancadas de otorgarle el voto de confianza – estaba en curso.

Después del anuncio presidencial, congresistas como Carlos Anderson (no agrupado) advertían de la intención del Poder Ejecutivo de cerrar el Congreso, en un contexto en que estaba por definirse la tercera moción de vacancia presidencial que promovía el legislador Edward Málaga-Trillo en contra de Pedro Castillo, quien ya se había salvado de dos intentos de destitución presidencial.

"El presidente miente, los ministros ayayeros mienten, están forzando las cosas, mejor que digan lo que quieren hacer: cerrar el Congreso", advirtió Anderson.

Betssy Chávez asume como jefa del Gabinete Ministerial

Aníbal Torres fue sucedido en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por la congresista y entonces ministra de Cultura, Betssy Chávez, cuya ceremonia de juramentación se realizó el pasado 25 de noviembre en Palacio de Gobierno. A pesar de su renuncia, el expremier continuó en Palacio de Gobierno, pero esta vez con un cargo distinto: jefe del Gabinete de asesores de la nueva primera ministra.

La designación de Betssy Chávez no fue del agrado de la oposición del Congreso, en ese entonces conformada por Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País, porque, en mayo de 2022, el Pleno del Congreso censuró a Chávez Chino de su puesto como ministra de Trabajo por las pérdidas económicas que ocasionó la huelga de controladores aéreos en plena Semana Santa. 

A pesar de la censura, Chávez retornó al Gabinete Ministerial como ministra de Cultura, en reemplazo de Alejandro Salas, uno de los asiduos defensores de Pedro Castillo, y luego asumió como primera ministra.

Por ello, el analista político Darío Pedraglio, de 50+1, consideró en ese entonces que la designación de Betssy Chávez fue un acto de “provocación” contra el Congreso.  “Es una ministra que ya fue censurada, con lo cual también puede ser interpretado como una suerte de provocación a un Congreso que no la ve con los mejores ojos. Es una ministra que tiene anticuerpos”, interpretó el especialista.

En sus primeras declaraciones como jefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez dijo estar dispuesta a dialogar con todas las bancadas parlamentarias y pidió a los legisladores dejar de lado las posiciones de vacancia presidencial y la disolución del Parlamento, que se anunciaría en los próximos días.

"No hay la intención de una segunda cuestión de confianza y vamos a estar al tanto de las acciones que se tomen en el Legislativo. Ayer ya se enviaron los documentos que son protocolares para iniciar el diálogo con las diferentes bancadas. Descartamos la cuestión de confianza", declaró a los medios de comunicación. 

Golpe de Estado

El 7 de diciembre de 2022 no iba a ser un día cualquiera para Pedro Castillo. En esa fecha, el Pleno del Congreso iba a debatir la tercera moción de vacancia presidencial y, a la par, la Comisión de Fiscalización tenía previsto recoger las declaraciones del exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, quien, según la empresaria Sada Goray, habría recibido al menos cuatro millones de soles por requerimiento del entonces presidente.

A pesar de que avanzaban las investigaciones del Ministerio Público contra Castillo Terrones, sindicado de liderar una presunta organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno, en el Congreso aún no se tenía la certeza de que se alcanzarían los 87 votos requeridos para concretar la vacancia presidencial que promovía Edward Málaga.

Mientras que Marrufo confirmaba la versión de Sada Goray ante la Comisión de Fiscalización y, además, revelaba la supuesta entrega de 50 mil soles mensuales a Pedro Castillo, y horas antes de la votación de la vacancia presidencial; al promediar las 11:42 a.m., el entonces presidente, vistiendo un terno, la banda presidencial y con un texto impreso en las manos, aparecía en televisión pública con un sorpresivo mensaje a la Nación.

En su alocución, Castillo Terrones alegaba que, desde que asumió el cargo, el Parlamento se esmeró en la destitución presidencial. "El Congreso ha destruido el Estado de derecho", cuestionó. 

Al culminar esta parte de su mensaje, y consciente de lo que estaba por anunciar, hizo una breve pausa, volvió a mirar su texto impreso y pronunció la palabra “disolver” para anunciar el cierre “temporal” del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia excepcional y la restructuración del sistema judicial, como el cambio de los miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia (JNJ) y Tribunal Constitucional (TC).

"Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frente de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones(...). Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada", pronunció desde Palacio de Gobierno. 

Luego del sorpresivo anuncio de Castillo Terrones, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, alegó que se ha perpetrado un golpe de Estado, porque no había argumentos sólidos para disolver el Parlamento. Así, el magistrado, apelando al artículo 46 de la Constitución, dijo que nadie le debía obediencia a un “gobierno usurpador”.

“El día de hoy se ha dado un golpe de Estado al más puro estilo del siglo XX, pero es un golpe de Estado condenado al fracaso, porque el Perú quiere vivir en democracia. Este golpe de Estado no tiene ningún tipo de fundamento jurídico”, declaró a RPP Noticias.

A las 12:30 p.m., la Mesa Directiva optó por adelantar la hora de su sesión, prevista para las 03:00 p.m., y propuso una resolución legislativa que declaraba la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. La moción fue aprobada con 101 votos a favor, seis en contra y diez abstenciones.

Al notar que las Fuerzas Armadas no acatarían el golpe de Estado y que sus ministros comenzaban a renunciar progresivamente, Pedro Castillo y su familia salían de Palacio de Gobierno con destino a la embajada de México, en San Isidro. No obstante, la escolta presidencial detuvo en flagrancia al expresidente por haber incurrido en el presunto delito de rebelión.

El resto es historia conocida: Pedro Castillo fue trasladado a la Prefectura de Lima, en la avenida de España, desde donde fue derivado a la sede de Dirección de Operaciones Especiales (Diroes).

Actualmente, Castillo Terrones cumple 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en la sede de la Diroes, donde también se encuentra recluido el expresidente Alberto Fujimori, un personaje al que Pedro Castillo cuestionó en más de una ocasión.

Tanto Aníbal Torres como Betssy Chávez han negado en más de una ocasión haber estado detrás del mensaje que Castillo leyó aquel 7 de diciembre; sin embargo, un testigo le contó a la Fiscalía que la ex primera ministra sí tenía previsto elaborar un Decreto Supremo que consistía en la disolución del Congreso y la reestructuración del sistema judicial, según un reportaje de Panorama.

Pedro Castillo cometió un error gravísimo de cálculo, opinan especialistas

A opinión del politólogo Darío Pedraglio, del grupo de análisis político 50+1, Pedro Castillo cometió un “error gravísimo” al disolver el Congreso y reiniciar la estructura del sistema judiciales, porque no había certeza de que el Parlamento alcanzara los 87 votos para destituirlo.

“Es un error gravísimo que tiene consecuencias gravísimas políticas y, probablemente, judicial; además me parece que fue un muy mal cálculo porque los días siguientes demostraron que no había los 87 votos para vacarlo. Fue un cálculo casi ridículo pensar que iba a tener los soportes para poder concretar lo que pretendió. Era un gobierno sumamente débil y con muy poca legitimidad, y pretender dar un golpe de Estado en esa situación era un absurdo absoluto”, declaró Pedraglio para RPP Noticias.

Un comentario similar tuvo el analista político Fernando Tincopa, del Centro Wiñaq, al decir que, probablemente, Castillo Terrones tomó esa decisión al pensar que sí podía ser destituido y que su situación judicial se complicaría por casos de presunta corrupción, como las supuestas irregularidades en ascensos de la Policía y las Fuerzas Armadas en 2021; así como en la licitación del proyecto Puente Tarata III.

“Uno podría pensar que fue también un error político el hecho de no haber tenido el cálculo suficiente para creer que podía lograr el respaldo de sus aliados cercanos. [Pero] Castillo debió pensar y asumir que el Congreso sí tenía los 87 votos suficientes para su vacancia. Debió pensar que su salida era inminente y que su situación judicial se complicaría muchísimo más por esa salida. Es decir, todo esto en conjunto debió haberle llevado a pensar que la mejor fórmula era no solo disolver el Congreso, sino reorganizar los poderes judiciales”, declaró el especialista del Centro Wiñaq.

Tincopa y Pedraglio coinciden en que era poco probable que Pedro Castillo culminara su periodo gubernamental en julio de 2026, como lo establece la norma, por el avance en las más de cuatro investigaciones que el expresidente afronta en el Ministerio Público.

“Era un Gobierno débil, sin duda. Era un Gobierno que dependía de la coalición que había logrado formar en el Congreso. Llegar al 2026, probablemente, había pocas posibilidades, pero igual [el golpe de Estado] fue una decisión muy mala, pésima”, consideró Pedraglio.

“Las evidencias, las declaraciones de testigos y las aperturas de investigaciones. Todo ello pudo haber hecho prever que, en algún momento, la situación pudo haberse tornado y que el presidente difícilmente pudo haber sido defendido incluso por sus propios aliados cercanos en el Congreso”, comentó Tincopa a su turno.

¿Cuánto tiempo podría pasar Pedro Castillo en prisión por el golpe de Estado?

En declaraciones a RPP Noticias, el abogado penalista Andy Carrión precisó que el mensaje a la Nación, en el que Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso y la reorganización del sistema de justicia, sí configura como un golpe de Estado porque el exmandatario trató de “subvertir el orden nacional” con las medidas anunciadas en su pronunciamiento ante el país.

"[Pedro Castillo] fue explícito al señalar que disolvía el Congreso, reorganizaba el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia; es decir, todas las principales instituciones que sustentan la institucionalidad democrática en el país. Así es que estas conductas calzan perfectamente dentro de la denominación de golpe de Estado”, comentó el especialista.

El abogado penalista detalló que, según establece el Código Penal, Castillo Terrones podría pasar hasta ocho años en prisión, si es que las autoridades judiciales determinan que sí incurrió en los delitos de rebelión y conspiración con su anuncio del pasado 7 de diciembre; sin embargo, su instancia tras las rejas podría aplazarse en caso de que progresen las acusaciones por delitos como organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

“Si se le condena por rebelión a ocho años y, luego, por el delito de organización criminal a 15 años; entonces se absorbe la pena que tiene una menor sanción y cumpliría 15 años de pena privativa de la libertad. Pero en este segundo proceso, colusión y tráfico de influencias, sí podrían sumarse, porque son penas gravísimas, y en la sumatoria de estos tres delitos se podrían llegar hasta los 35 años de pena privativa de la libertad”, precisó.

La asunción de Dina Boluarte y las marchas contra su Gobierno 

En su posición como vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, asumió las riendas del país en reemplazo de Pedro Castillo. Durante su ceremonia de juramentación en el Parlamento, la primera presidente en la historia republica del Perú pidió a los parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, una “tregua política” para instalar su denominado “gobierno de unidad nacional”.

La asunción de Boluarte Zegarra no fue bien recibida por sectores del sur del país, donde Pedro Castillo obtuvo un respaldo mayoritario durante las elecciones generales de 2021. Una de las primeras movilizaciones en contra del nuevo régimen, se registró en Apurímac, la ‘tierra’ de la presidenta, entre el 10 y 12 de diciembre.

Producto de los enfrentamientos entre policías y manifestantes murieron seis personas en la región. El 15 de ese mes, en Ayacucho, se reportaba la muerte de ocho personas tras los enfrentamientos que se produjeron en los exteriores del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, en la provincia ayacuchana de Huamanga.

Además de las protestas, se registraron bloqueos viales en distintos puntos del país como Arequipa, Cusco, Abancay, Cajamarca, Trujillo, Chiclayo, Ica, entre otros, una situación que obligó al Gobierno a declarar en emergencia la red vial nacional.

Las protestas cesaron a pocos días de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero con la consigna de que se retomarían el 4 de enero de 2023. La palabra se cumplió y desde ese día persisten las movilizaciones, que se concentraron en el sur del país, especialmente en Puno, donde se han visto múltiples ataques a entidades privadas y estatales.

Hasta el momento, producto de la convulsión social han fallecido más de 60 personas entre civiles, policías y militares.

De acuerdo con el registro de la Defensoría del Pueblo, sustentado en informes del Ministerio de Salud, al menos 1 301 civiles resultaron heridos desde que iniciaron las protestas a nivel nacional, tras enfrentamientos con las fuerzas del orden. Mientras que la Policía Nacional reportó, a fines de enero, que 859 de sus efectivos fueron heridos durante las revueltas.

Por los incidentes en las manifestaciones, la presidenta Boluarte, además de afrontar investigaciones fiscales junto a su premier Alberto Otárola, ha sido cuestionada por presidentes como Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se rehúsa entregar al Perú la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico por discrepancias con el actual régimen peruano.

A estos cuestionamientos, se suma el pedido de la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que le ha dado al Gobierno peruano un plazo de 60 días para recibir información sobre las acciones adoptadas durante las manifestaciones, tras alegar que cuenta con informes respecto a un supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden y presuntas detenciones arbitrarias en las movilizaciones.

¿Qué le espera al país tras el golpe de Estado?

A raíz de las masivas protestas que se registraron desde el 7 de diciembre y ante el descontento social de un sector del país por su asunción, el Gobierno transitorio de Dina Boluarte – quien afronta una investigación por presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” por las muertes en las movilizaciones – ha planteado el adelanto de elecciones ante el Congreso.

En más de dos ocasiones no se han alcanzado los consensos suficientes en el Palacio Legislativo para que las elecciones se realicen en 2023 o 2024. La izquierda condiciona su votación con la inclusión de un referéndum para consultar la opinión de la ciudadanía sobre el cambio de la Constitución a cargo de una Asamblea Constituyente, además de insistir en la dimisión de la jefa de Estado. El sector de la derecha se opone a esa idea y todo hace pensar que la gestión Boluarte Zegarra, quien ha reiterado en más de una ocasión que no renunciará, culminaría en 2026.

Ante este escenario político y social, los analistas políticos Fernando Tincopa y Darío Pedraglio coincidieron en que, lastimosamente, al país le espera un panorama de incertidumbre, “de no saber qué pasará con el Gobierno o cuál será la salida” a la crisis sociopolítica.

Pedraglio reforzó sus declaraciones sobre el “clima de crisis” que el país continuará viviendo, al decir que la falta de voluntad política por concretar el adelanto de elecciones podría ocasionar que la intensidad de las protestas se reavive en el país, sobre todo en las regiones sureñas.

“Me parece que vamos a seguir en un contexto de bastante incertidumbre de no saber bien qué va a pasar o cuál va a ser la salida. El adelanto de elecciones no está en el Congreso […]. Las manifestaciones, si bien han disminuido, no es posible descartar que vuelvan a incrementarse con el paso del tiempo, que el descontento con la labor del Congreso siga en aumento y que eso lleve a que vuelvan a surgir marchas, especialmente en el sur del país, y sigamos viviendo esta suerte de clima de crisis y convulsión”, comentó.

 

Al ver poco probable que las elecciones se realicen en 2023 o 2024, fechas planteadas por el Poder Ejecutivo y un sector del Congreso, Tincopa previó que al contexto político del Perú le espera “una suerte de entrampamiento”.

“Me parece que lo que espera a la situación política del país es una suerte de entrampamiento, en el que, producto de la mala lectura política del Congreso, las protestas se sostengan a modo focalizado, sobre todo en el sur del país, y que las acciones de protestas y los bloqueos de carretera se den a modo de oleaje cada cierto tiempo”, precisó.