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por Sergio Espinoza
·El embargo de los bienes está enmarcado a la investigación que se le sigue a Pedro Castillo y Aníbal Torres por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado y dictaminó el embargo de los bienes de los imputados, el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exjefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres Vásquez.
El juez Juan Carlos Checkley ordenó el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades del expresidente, las cuales se encuentran ubicadas en Anguía, Chota y el pueblo de Tacabamba, en Cajamarca.
En el caso del ex primer ministro, se embarga en forma de inscripción e inhibición nueve bienes: ocho ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo jeep color negro.
Como se recuerda, la PGE ha solicitado una reparación civil de 67 millones de soles por el golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre de 2022.
Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas las solicitudes de la PGE y dictaminó el embargo en forma de inscripción e inhibición de los bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres, hasta por 67 millones. https://t.co/HbaEoEBSKi pic.twitter.com/oVSvRardtW
— Procuraduría General del Estado - Perú (@PGE_Peru) July 25, 2023
Pedido de la Procuraduría
La PGE solicitó a inicios de julio a la Corte Suprema de Justicia el embargo de bienes muebles e inmuebles de Pedro Castillo y Aníbal Torres.
Según indicó el titular de dicha entidad, Daniel Soria, la solicitud se ampara en la condición de "actor civil constituido" en representación del Estado que tiene la PGE.
El procurador general precisó que se hizo la consulta respectiva de los bienes muebles e inmuebles de ambos investigados en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y remitió dicho listado al Poder Judicial para que se declaren fundadas las medidas cautelares solicitadas.
"Ello en atención a que la pretensión civil resarcitoria inicialmente solicitada por nuestra parte asciende a S/67 711 048.33 millones, el cual fue solicitada en nuestra condición de actor civil, el mismo que fue declarada fundada por su despacho", refiere el documento presentado por la Procuraduría.
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Sergio Espinoza Periodista
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