Según un informe preliminar se recomienda demandar al expresidente Alan García, al ex primer ministro Jorge del Castillo y la ex fiscal de la Nación Gladys Echayz por el delito de asociación ilícita.
El presidente de la "megacomisión", que investiga supuestas irregularidades del segundo gobierno aprista, Sergio Tejada, indicó que según nueva información recabada "todo parece indicar que sí hubo una injerencia política" en el caso Bussines Track (BTR).
"Lo que estamos haciendo es investigar la interferencia política en todo el proceso, si es que hubo alguna orden desde las altas esferas del poder para llevar las investigaciones por un lado determinado u ocultar determinada información. Todo parece indicar que sí hubo una interferencia", afirmó en un reportaje de un canal de televisión de señal abierta.
Como se ha informado, el último viernes se supo que el grupo de trabajo, que preside el congresista oficialista, revisó un informe preliminar de 150 páginas sobre el citado caso en el que se recomienda demandar al expresidente Alan García y a otros funcionarios de su gobierno como el ex primer ministro Jorge del Castillo y la exfiscal de la Nación, Gladys Echayz, por el delito de asociación ílicita para delinquir con cargos por obstaculización de la justicia.
Tejada indicó que la participación del exmandatario en este caso constituye la principal hipotesis de la investigación.
El documento señala que García ordenó en 2009 a, quien entonces era su ministro de Defensa, Antero Flores Araoz, a que diera facilidades a un grupo de fiscales para intervenir la sede de Inteligencia de la Marina donde se encontraban los equipos de interceptación de la empresa Bussines Track sin autorización del Poder Judicial.
Como se sabe los integrantes de la citada empresa que fueron sentenciados a prisión denunciaron en aquella ocasión irregularidades en la intervención de sus archivos eléctronicos, asegurando que se habían cambiado memorias USB y borrado contenidos.
El último viernes, luego que se difundiera en medios de prensa la posible acusación que se haría en su contra, el líder del Apra afirmó a través de un comunicado de su despacho que el caso BTR había sido sentenciado por la Corte Suprema, y que está había declarado que no existió "responsabilidad o presión política.
Al respecto Sergio Tejada, afirmó que "cuando la segunda Sala Fiscal de Delitos de Corrupción hizo la investigacion (...) estableció este tipo de irregularidades que tenía que ver con la pérdida de USB y con la manipulación de pruebas".
Asimismo aseguró que dicha sala "remitió al Congreso su resolución señalando que habían una serie de altos funcionarios con derecho a antejuicio que podían haber incurrido en delito".
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