Violencia contra la prensa se ha "acelerado" tras últimas elecciones presidenciales, advierte la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), tras su visita en nuestro país entre el 16 y 20 de mayo pasados, publicó sus conclusiones preliminares y advirtió de un incremento de los ataques contra la prensa durante y después de las últimas elecciones presidenciales realizadas el año pasado.

"La Relatoría Especial advierte que la segunda vuelta de la campaña electoral generó un ambiente de polarización que se vio también reflejado en el debate público, en cuanto fueron reportadas conductas atentatorias contra la institucionalidad democrática discursos de odio, incitación a la violencia, o alegados llamados a la sedición que llegaron incluso a llamados públicos a tomar el Palacio de Gobierno a mediados del mes de junio del año 2021", se lee en el documento de la RELE.

En ese sentido, la RELE calificó de "preocupantes" los últimos informes respecto a ataques contra periodistas por diferentes sectores políticos, y por "grupos violentos organizados" como La Resistencia.

"El Relator Especial ha visto con particular preocupación los consistentes reportes recibidos dando cuenta de actos de hostigamiento y amenazas llevados a cabos por grupos identificados como “La Resistencia”, “Legión Patriotas del Perú”, y otros grupos afines, cuyos integrantes fueron señalados en varias oportunidades de amenazar, acosar y agredir físicamente a periodistas y comunicadores", señalan en su informe.

El organismo de la CIDH señaló que el Estado no solo tiene como obligación "impedir que se violen derechos humanos" sino también "prevenir la violencia y proteger las personas que se encuentran en una situación de riesgo real e inmediato". En ese sentido, solicitó "una reacción institucional contundente" respecto a los ataques contra la prensa.

Asimismo, la RELE señaló que los periodistas de las regiones del interior del país se encuentran en especial situación de vulnerabilidad

"Por ejemplo, periodistas llevando a cabo su labor en contextos de conflictividad social y de tensiones relativas a operaciones de la industria extractiva, se ven particularmente expuestos a diversas formas de violencia", refirieron.

También señalaron que existe "violencia machista" contra las periodistas, caracterizada por el hostigamiento y el acoso.

"Se observa un patrón diferenciado en cuanto a las formas de violencia contra mujeres periodistas, particularmente la violencia on line contra ellas. Además de ser blanco de acoso, insultos y amenazas, estas formas de violencia tienen una clara dimensión machista y misógina, buscando desacreditar su trabajo en función de estereotipos discriminatorios basados en su género", informó la RELE

Apertura de espacios de información

En sus recomendaciones al Estado peruano, la RELE solicitó garantizar "de forma inmediata" el acceso de la prensa a los espacios del Congreso de la República y de Palacio de Gobierno.

"Garantizar, de forma inmediata, el acceso a la prensa y a los periodistas a espacios protagónicos del debate democrático e institucional, como el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno, para permitirles recabar información sobre asuntos de interés público", refiere el documento.

También señalaron que los líderes políticos y funcionarios públicos deben abstenerse de "estigmatizar" a la prensa.

"Tomar las medidas necesarias para garantizar que los líderes políticos y las personas que ejercen la función pública se abstengan de realizar declaraciones que puedan estigmatizar a la prensa y a los periodistas [...] declaraciones que promuevan la intolerancia y la discriminación; o aquéllas que puedan contribuir a la desinformación deliberada".

Asimismo, recomendaron "la derogación de la legislación penal sobre difamación y calumnia y sustituirla, conforme sea necesario, por leyes civiles de protección al honor apropiadas y proporcionales".

Además, señalaron que el Estado debe rechazar de manera institucional la violencia contra los y las periodistas y garantizar la investigación de actos de hostigamiento y persecusión contra la prensa.

"Tomar las medidas necesarias para investigar, de manera diligente, efectiva e imparcial todos los casos de violencia contra periodistas, con miras a identificar y sancionar a los responsables, y a reparar adecuadamente a las víctimas. Lo anterior, incluyendo las perspectivas y la diligencia reforzada que demandas casos como los de violencia de género contra mujeres periodistas", afirmaron en sus conclusiones.