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por Carlos Rodríguez
·El excongresista y experto en derecho constitucional, Carlos Torres Caro, analizó las posibles consecuencias en el escenario político y judicial luego de aprobarse el informe que recomienda la destitución e inhabilitación a magistrados del pleno de la JNJ.
Tras el intenso debate en la Comisión Permanente del Congreso, donde se aprobó la remoción e inhabilitación de todos los integrantes de la JNJ por 10 años, Carlos Torres Caro, reconocido abogado y ex congresista especializado en derecho constitucional, analizó los aspectos clave del proceso de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El experto señala que la confrontación entre el Parlamento y la JNJ radica en la transgresión constitucional respecto al límite de edad para ejercer el cargo. Destacó este como un grave error por parte de la JNJ al mantener en su cargo a la magistrada Luz Tello de Ñecco sin seguir el procedimiento establecido, lo que llevó a una inhabilitación de la jueza por un lapso de 10 años por medio de una votación que resultó en 19 votos a favor, 6 en contra, sin abstenciones.
Subraya la importancia de respetar las disposiciones constitucionales para mantener la integridad del sistema judicial. Además, resalta la necesidad de clarificar el procedimiento a seguir en casos excepcionales como este, para evitar interpretaciones erróneas y conflictos futuros.
"Ahí hay una infracción porque la Constitución es clara cuando habla de que hay que ser mayor de cuarenta y cinco (45) años, y menor de setenta y cinco (75) años para ejercer el cargo de miembro del pleno de la JNJ. Entonces si uno cumple los 75 años pues inmediatamente tiene que haber una resolución cesándola en el cargo", indicó.
Lima
Transgresión constitucional y límite de edad
Tras la aprobación del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el pleno de la JNJ, Torres Caro advierte sobre las graves implicaciones de la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta decisión no solo afectaría el funcionamiento interno de la institución, sino que también podría agravar la crisis judicial y política que enfrenta el país.
Advierte sobre el riesgo de un posible colapso del sistema de justicia si no se abordan adecuadamente los conflictos existentes. Además, destaca la importancia de buscar soluciones consensuadas y respetar la independencia de las instituciones judiciales para garantizar la estabilidad democrática y el estado de derecho.
"Esta decisión afecta definitivamente, estamos en una crisis de Estado en materia de justicia y esto se advierte tanto en las instituciones del Ministerio Público donde hay una confrontación de larga data, como también del Poder Judicial que por dormido que pueda parecer, también hay conflictos internos. De manera que estamos efectivamente, agudizando, aumentando, poniendo los condimentos necesarios para que el sistema de justicia colapse, que es lo que se está haciendo de alguna manera", expresó Torres Caro.
Lima
Impacto en el escenario político y judicial
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Carlos Rodríguez Redactor
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