Contralor Shack a Édgar Alarcón: "En mi gestión no ensuciamos a nadie, ni limpiamos a nadie"

El contralor general de la República, Nelson Shack, rechazó que su gestión haya tratado de eximir de responsabilidad a funcionarios como la exviceministra Fiorella Molinelli y a otros en el informe elaborado por la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero. Esto, luego de que el excontralor Édgar Alarcón cuestionara ante este grupo parlamentario que no se haya establecido responsabilidades penales por este caso.

"Eso no es cierto. Lo que ha sucedido es que el órgano instructor, que es autónomo al contralor, tiene independencia, y entonces tomó una decisión, a nuestro juicio controversial, y es por eso que, a través de los canales respectivos, oficiamos a la segunda instancia para que revise la adecuada aplicación del principio de confianza", mencionó.

"En mi gestión no eximimos de responsabilidad a nadie, no ensuciamos a nadie ni limpiamos a nadie. Cada uno es responsable de sus actos", agregó durante su presentación en una sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización al ser consultado por la participación de la actual presidenta ejecutiva de EsSalud en el caso Chinchero.

En su presentación, Shack explicó que la razón por la cual no se pudo sancionar a la exministra en el proceso administrativo seguido en su contra y la de otros diez funcionarios comprendidos en la autoría de la adenda, fue por una sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó la posibilidad de que la Contraloría pueda sancionar a algún funcionario.

"Todos esos funcionarios estaban siendo sometidos a un proceso administrativo sancionador, pero al igual que los más de 15, 200 funcionarios que estaban en proceso de ser sancionados a partir de los resultados de auditorías, todos esos casos se han declarado improcedentes y han concluido. Hasta que el Congreso no pueda aprobar esa ley, la Contraloría hoy por hoy no tiene facultad para sancionar a nadie, como era antes", cuestionó.

"No hay una sola obra pública que no tenga problemas"

En otro momento de su presentación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Nelson Shack demandó que se amplíe el sistema de control para evitar que se repitan casos irregulares. "No hay una sola obra pública que no tenga problemas", dijo.

El contralor asistió para informar sobre la investigación en torno a la construcción de los tramos I y II de la Carretera Interoceánica Sur y otras obras que involucrarían supuestas responsabilidades de funcionarios y exfuncionarios.

Con respecto al Tramo II de IIRSA, dijo que se encontró responsabilidad administrativa y penal en 26 funcionarios y un presunto perjuicio económico por más de 118 millones de dólares que está en investigación preparatoria por el delito de negociación incompatible en la Fiscalía.

Al ser consultado por los hallazgos de la auditoría, el contralor señaló que no se encontró "nada". Sin embargo, explicó que esto no es por faltas de posibles irregularidades, sino porque en el 2006 el Congreso emitió una ley con la que "les dieron la legalidad a todos estos actos de contratación, por tanto, es legal".

Asimismo, informó que sí se analizó el contrato y se encontró una serie de presuntas irregularidades, pero no se pudo señalar ninguna responsabilidad presunta porque se hicieron las consultas legales respectiva, las cuales señalaron que la ratificación de validez del artículo 1 de la Ley 28670 se ajusta al principio de presunción de legalidad de los actos administrativos que debe entenderse que se hicieron conforme a ley.

Con respecto a la investigación en torno al Club de la Construcción, dijo que 106 empresas se encuentran investigadas. En el universo de contratos con el Estado por obra pública, 32 empresas firmaron 551 contratos por un monto de 35 mil millones 870 mil soles en las dos últimas décadas, y en el caso de la APP vigentes a la fecha, 42 empresas han firmado 30 contratos por más de 68 mil millones de dólares.