La citación obedece a la decisión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría de abrir proceso de investigación la denuncia periodística sobre la filtración de datos del tránsito migratorio de diversas figuras públicas.
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso recibirá mañana miércoles los testimonios de tres funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones que integraban el grupo de WhatsApp a través del cual se difundía información personal del tránsito migratorio de diversas figuras públicas.
Dicho grupo de trabajo, presidido por el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, tomó la decisión de pasar a proceso de investigación la denuncia periodística emitida sobre este tema en el programa 'Punto Final' de Latina.
Los funcionarios citados son Jean Paul Arce Sáen, supervisor de inspectores de Migraciones; Eduardo Ramírez Huamán, coordinador del Grupo de Inspectores de Migraciones, y Jane Jansson de Ramírez, jefa zonal de Migraciones - Callao.
Todos ellos deberán presentarse desde las 9 de la mañana en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo.
Según indica el oficio de la citación, los tres servidores públicos fueron mencionados por el periodista Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Latina, en una sesión anterior, como parte de la red de funcionarios que circulaban pantallazos de los registros de ingreso y salida del país de políticos, periodistas, deportitas y personas del espectáculo.
Víctimas del reglaje
Meidante esta modalidad se compartieron los datos de la exministra Mercedes Aráoz, el expremier Salvador del Solar, la periodista Milagros Leiva, el exministro de Economía Luis Carranza, el exconsejero de la campaña de Keiko Fujimori, Carlos Raffo, y la congresista Susel Paredes, entre otros.
Además, figuran el futbolista Luis Advíncula y la madre de Paolo Guerrero, Petronila Gonzáles.
Tras la denuncia, la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió un comunicado señalando que dispuso el inicio de un proceso de investigación interno, con el fin de sancionar y separar de la entidad a las personas que hayan utilizado indebidamente la información a la que tienen acceso.
"Oficiaremos el caso a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público para que actúen en el marco de sus competencias", señalaron.
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