El actual congresista no agrupado, quien renunció hace unos meses a la bancada de Alianza para el Progreso, negó haber tenido responsabilidad en obras irregulares durante su gestión como alcalde de Querocotillo. "Fui un autor político", aseguró.
El congresista no agrupado Moisés Gonzáles calificó de "injusta" la condena del Poder Judicial a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida -en su ejecución por un periodo de prueba de tres años- por el delito de colusión debido a irregularidades en obras durante su gestión como alcalde de Querocotillo.
En diálogo con RPP Noticias, el congresista, exintegrante de la bancada de Alianza para el Progreso, aseguró que no tuvo responsabilidad y no intervino en la decisión del comité que se encargó de esta obra. Tras considerar que únicamente fue un "autor político", adelantó que apelará el fallo judicial
El parlamentario también fue sometido a cuatro años de inhabilitación, que consiste en la privación de la función, cargo o comisión que ejercía, aunque provenga de elección popular, además de la incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
El adelanto del fallo fue emitido por el juez Carlos Larios Manay, del Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque y la lectura total de la sentencia se realizará el próximo martes 19 de enero.
Durante el juicio, el fiscal adjunto provincial Javier Idrogo Rodríguez de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque acreditó que el acusado concertó con exfuncionarios actualmente condenados, para defraudar a la municipalidad de Querocotillo.
Según pudo comprobar el representante de la Fiscalía, en 2013 se convocó al proceso de la Adjudicación Directa Selectiva 1-2013-CEP/MDQ, para contratar la ejecución de la obra “Construcción de Trocha Carrozable Santa Rosa-Barbas y Ramal-Tayme Ñule, Mejoramiento del Tramo Santa Rosa-Pati Pampa, Querocotillo-Cutervo”, para lo cual se utilizó un expediente técnico de otra obra.
Las bases administrativas también exigían requisitos demasiados específicos y no acordes con la naturaleza de la obra, como la participación de un gerente de obras, la exigencia de una carrera técnica inexistente, como técnico en construcción y topografía, entre otros.
Además, se admitió la participación del Consorcio Tayme, en calidad de micro y pequeña empresa, cuando no le correspondía, porque a la fecha de presentación de las propuestas no se encontraba acreditado como tal.
El fiscal indicó que también se otorgó la buena pro de la obra al Consorcio Tayme, pese a que una de las empresas que lo integraba, como era Chocoypico SRL, tenía como socio al acusado Juan Mesías Saavedra Salazar, quien estaba impedido de contratar con el Estado, porque tenía el cargo de teniente alcalde de Querocotillo.
Asimismo, para la firma del contrato de obra se exoneró al Consorcio Tayme de la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento y no se le exigió la presentación del calendario de avance de obra valorizado, y el calendario de adquisición de materiales.
Igualmente, el acusado Elvis Cubas Pérez, en calidad de representante del Consorcio Tayme, presentó documentos falsos en su propuesta técnica, como certificados de experiencia laboral y títulos de carreras técnicas, e incorporó profesionales que nunca presentaron su consentimiento para participar en el proceso de selección.
Gonzáles fue exalcalde de Querocotillo y llegó al Parlamento con Alianza para el Progreso; sin embargo, renunció a esta bancada en setiembre. Ante el fallo, el legislador aseguró que apelará y dijo que él no tuvo ninguna responsabilidad en las obras.
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