Edgar Alarcón fue contralor general de la República.
Edgar Alarcón fue contralor general de la República. | Fuente: Foto: Congreso

La Comisión Permanente del Congreso de la República postergó para el viernes 5 de marzo, a las 9 de la mañana, la sesión en la que debatirá si se otorga un plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente su informe final sobre la denuncia contra el parlamentario Edgar Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito agravado.

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, anunció esta decisión cuando la Comisión Permanente ya se encontraba analizando el caso y se había desestimado el reclamo del congresista Alarcón respecto a que, presuntamente, no se le había notificado de manera adecuada para que pueda dar sus descargos.

Sin embargo, cuando la congresista Felicita Tocto sustentaba la denuncia constitucional que recomienda acusar por antejuicio político a Alarcón, el excontralor se presentó de manera virtual para solicitar el uso de la palabra, minutos antes de que se lleve a cabo la votación.

Fiscal de la Nación denunció a Alarcón

Las imputaciones hechas en el informe contra Alarcón por la Fiscalía de la Nación están referidas a un presunto enriquecimiento ilícito de su parte. Anteriormente, la congresista Felícita Tocto, a cargo del informe final, señaló que existe "una sospecha reveladora" para acusar al congresista por antejuicio político.

En la denuncia contra Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito, el Ministerio Público le imputa un aparente desbalance patrimonial de S/ 201 377.24 entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, en el que fue contralor general. El documento indica que este delito prevé una pena privativa de la libertad de entre 10 y 15 años, además de la inhabilitación política.

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, también lo denunció por peculado doloso por una serie de supuestos servicios simulados al interior de la Contraloría, durante el periodo en el que Alarcón dirigió la institución. Por esto, indica que con la denuncia constitucional corresponde "iniciar el procedimiento constitucional de antejuicio político" contra el investigado.

Previamente la Comisión Permanente otorgó 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente su informe final sobre las denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras de Salud Pilar Mazzetti y Relaciones Exteriores Elizabeth Astete por presuntamente haberse vacunado contra la COVID-19 de manera irregular y presuntamente aprovechándose de su cargo.

Estas denuncias constitucionales se presentaron tras revelarse que el expresidente Vizcarra y las exministras, además de otros funcionarios, se vacunaron fuera del ensayo clínico del laboratorio chino Sinopharm que estuvo a cargo de la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Nacional de San Marcos.

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