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Congresista Enrique Wong es investigado por la Fiscalía porque su empresa habría presentado más de S/2 millones en facturas falsas

El legislador habría incurrido en los delitos de defraudación tributaria, lavado de activos y organización criminal.
El legislador habría incurrido en los delitos de defraudación tributaria, lavado de activos y organización criminal. | Fuente: Andina

La empresa del legislador Enrique Wong habría utilizado facturas falsas de supuestos proveedores para evadir impuestos, según un informe del dominical Panorama.

El segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, es investigado por los presuntos delitos de defraudación tributaria, lavado de activos y organización criminal por la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Esto luego de que una investigación de la Sunat descubriera que su empresa habría presentado cerca de 2.3 millones en facturas falsas de supuestos proveedores con el fin de evadir impuestos.

Se trata de 1 046 facturas falsificadas presentadas por la Clínica San Vicente S.A., empresa del legislador, que, de acuerdo con la investigación de la Sunat, realizó adquisiciones “no fehacientes” a sus proveedores, según difundió un informe del dominical Panorama.

Solo tres empresas que emitieron facturas están activas

El dominical acudió a las direcciones fiscales de algunos de los proveedores y solo encontraron tres empresas activas. En las direcciones de algunos proveedores se puso en evidencia que no daban razón sobre los mismos, mientras que otros cuentan con deudas coactivas y se encuentran con baja de oficio.

Ante esta situación, el dominical indica que la Clínica San Vicente S.A. habría realizado compras y las habría sustentado con importes de las facturas que Sunat calificó como no fehacientes. Esto implicaría que se incurrió en una defraudación tributaria contra el Estado.

Asimismo, se señala que el legislador de Podemos Perú habría obtenido más de 216 000 soles del área de caja de la clínica.

Por esta razón, el Congreso de la República abrió un proceso administrativo por dichos contratos que han sido calificados como falsos.

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