Fiscalía reabrió la investigación a Joaquín Ramírez bajo la Ley de Crimen Organizado

La Fiscalía reabrió la investigación contra el excongresista y exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por el presunto delito de lavado de activos. El proceso incluye a Keiko Fujimori, excandidata presidencial y lideresa del partido naranja. La reapertura involucra también al parlamentario fujimorista Osías Ramírez y al fundador de la Universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez, según una resolución del pasado viernes difundida este lunes por el programa Primer Plano de Willax Televisión que fue confirmada por fuentes del Ministerio Público citados por la agencia Andina.

Sara Vidal, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, archivó la investigación el pasado 22 de septiembre.  Sin embargo, la Procuraduría de Lavado de Activos apeló y el pedido fue atendido por la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. La nueva resolución ordena continuar las indagaciones a Ramírez y que se adecúen a la Ley de Crimen Organizado, bajo la cual Fujimori ya es investigada por el caso ‘Cocteles’. Según cita La República, también se pidió realizar peritajes a sus bienes y recabar información de la Administración para el Control Antidrogas (DEA) de Estados Unidos.

Fujimori, Ramírez y la Fiscalía. El Ministerio Público comenzó a indagar a Ramírez en el 2014 por la compra de dos inmuebles. Cada uno costó más de 2 millones de dólares. El primero fue utilizado como local de campaña de Fujimori en 2011 y el segundo para la ONG Oportunidades de la lideresa fujimorista. La tesis era que la operación sirvió para lavar dinero. Cuando Vidal archivó la investigación, el argumento fue que los peritos adscritos a la Fiscalía demoraron en finalizar sus análisis y que no se encontraron indicios suficientes de desbalance patrimonial tras las investigaciones a las empresas del excongresista.

Según dijo Fujimori en una declaración el pasado 6 de octubre, tiene cuatro investigaciones en el Ministerio Público: una por aportes de la campaña del 2011 (octubre del 2015), otra por la del 2016 conocida como ‘caso Cocteles’ (marzo del 2017), otra por las anotaciones de la agenda de Marcelo Odebrecht que la mencionan (agosto 2017) y la de Joaquín Ramírez, que entonces estaba archivada. Aquella vez, criticó que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, haya dicho que evaluaría la decisión de Vidal. Este lunes, antes de que se difunda la reapertura en la prensa, el vocero fujimorista Daniel Salaverry presentó una denuncia constitucional contra él con el objetivo de destituirlo.