La norma establece que los procuradores escogidos por el Congreso, el Poder Judicial y otros organismos autónomos ya no responderán administrativa ni funcionalmente a la Procuraduría General, sino a las referidas instituciones que los escogieron.
El Gobierno de Dina Boluarte promulgó este miércoles, 7 de junio, la ley que establece que los procuradores públicos del Congreso de la República y del Poder Judicial, así como de otros organismos autónomos, ya no sean electos por la Procuraduría General del Estado (PGE).
La ley 31778, publicada en el diario El Peruano, modifica cinco artículos y otras disposiciones complementarias del decreto legislativo 1326, a fin de especificar que el Consejo Directivo de la PGE se encarga del proceso de selección de procuradores públicos, con excepción del Congreso, el Poder Judicial y otros organismos autónomos.
La normativa señala que los procuradores serán elegidos en un concurso público por las mencionadas entidades por un plazo de cinco años.
“En el caso de que se hubiera producido la designación antes de la entrada en vigor de la presente ley, los procuradores públicos designados estarán sujetos a la evaluación y ratificación por parte de los titulares del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los mencionados organismos constitucionales autónomos…”, se lee en la disposición complementaria transitoria de la ley.
Además, estos procuradores no responderán administrativa ni funcionalmente ante la PGE, sino ante las entidades que los designaron.
La ley promulgada lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, quien esté encargada del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros.
PGE rechazó promulgación de la norma
En Ampliación de Noticias, el procurador general del Estado, Daniel Soria, calificó de “antitécnica” a la reciente norma promulgada por el Ejecutivo.
“Esta ley parte en dos el sistema de defensa jurídica del Estado. Es una decisión antitécnica porque los sistemas administrativos existen para darle más eficiencia a los servicios del Estado; en este caso, el servicio de defensa jurídica”, cuestionó.
Soria explicó que con la nueva normativa la PGE no podrá someter a procesos administrativos ni evaluar, ni capacitar a los procuradores del Congreso, Poder Judicial y otros organismos autónomos.
“Esos procuradores salen de la competencia funcional del Estado. La PGE, frente a hechos que se susciten a partir de mañana, no podrá someter disciplinariamente a ninguno de sus procuradores ni hacer evaluaciones de desempeño. Tampoco podrá capacitarlos, porque ellos van a depender de su entidad”, precisó.
Te recomendamos
Comparte esta noticia