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por Julio Cisneros
·Reportes periodísticos denunciaron que la congresista Hilda Portero habría hecho donaciones de sillas de ruedas con aportes de trabajadores a su cargo.
La congresista de la bancada de Acción Popular, Hilda Portero, solicitó al Poder Judicial que ordene a la Fiscalía de la Nación ampliar "por un plazo razonable" la investigación preliminar que afronta por el presunto delito de concusión en agravio del Estado.
A través de una tutela de derechos presentada por su defensa legal el 16 de diciembre del 2024, la legisladora hizo este requerimiento a fin de que se fije fecha para que se amplíe la declaración de seis testigos relacionados a este caso.
En dicho recurso se alega una presunta afectación a los derechos fundamentales de la parlamentaria por parte del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, al haber denegado su pedido para que estos testigos amplíen las declaraciones que brindaron dentro de esta investigación fiscal.
Esta tutela de derechos fue presentada ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó para el lunes 27 de enero a las 11:30 a. m. una audiencia virtual para evaluarla con la participación de las partes involucradas para emitir una decisión al respecto.
El último 19 de diciembre, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la legisladora Hilda Portero como presunta autora del delito de concusión en agravio del Estado.
El hecho imputado está referido a que dicha parlamentaria habría abusado de su cargo para presuntamente obligar a trabajadores y colaboradores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero por intermedio de su asesora Liliana Bances Farro.
Según un reporte del programa Cuarto Poder, emitido en marzo del 2023, este dinero habría sido usado específicamente para la compra de sillas de ruedas que donó la legisladora como si hubiese sido con sus propios recursos económicos.
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