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El abogado penalista cuestionó que el Ejecutivo haya demorado 30 días en observar la restitución de la detención en casos de no flagrancia, tratándose de un "tema de prioridad". Además, dijo que esto "es aprovechado por una serie de personajes procesados".
El abogado penalista Luis Lamas Puccio, en diálogo con RPP, se pronunció en torno a la decisión del Ejecutivo de observar la norma impulsada por el Congreso para restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia.
Como se sabe, luego de modificar el Código Penal y anular la posibilidad de que los magistrados puedan ordenar esta medida, el Parlamento decidió restituir la detención preliminar en casos sin flagrancia, el pasado 14 de diciembre. No obstante, el Ejecutivo decidió observar la propuesta el pasado 14 de enero, el último día del plazo de ley para hacerlo. Según el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, la demora se debió a que los equipos técnicos del Gobierno se encontraban analizando la norma.
Al respecto, Lamas Puccio dijo haber estudiado las observaciones del Ejecutivo y consideró que se trataba de un "juego de palabras", cuyo contenido carecía "de utilidad" y orientado a "proteger" procesados.
"Yo he estado estudiando las propuestas del Ejecutivo respecto al contenido de esta norma y es un juego de palabras, simple y llanamente para tener un razonamiento y generar un debate. Lo importante es el paso del tiempo, dilatar, alargar, para generar un vacío de poder, evidentemente, para proteger a ciertos personajes, como [Fredy] Hinojosa y otros más", indicó.
"Pero, en última instancia, esto es aprovechado por una serie de personajes procesados, y este debate es interminable, porque mientras que el Ejecutivo se tomó 30 días para responder frente a un tema de prioridad, el contenido no tiene ningún tipo de utilidad. El Congreso también entra en el mismo juego", apuntó.
"Las leyes se crean para favorecer a las grandes mayorías y acá lo que está sucediendo es todo lo contrario"
Asimismo, el abogado consideró que "se está desestabilizando el estado de derecho, a través de una serie de modificaciones" a la normativa penal, y que esto podría tener la intención de "generar una situación de desorden o de mayor desorden" a puertas de las Elecciones Generales 2026.
"Yo tengo la percepción de que se está desestabilizando el estado de derecho a través de una serie de modificaciones, porque no solamente es el tema de la detención preliminar para generar una situación de desorden o de mayor desorden [...]; utilizar la criminalidad y la delincuencia como correa de transmisión, pero con un trasfondo estrictamente de contenido político porque, al desestabilizar el estado de derecho, se suscitan las condiciones para que la delincuencia y la criminalidad aumenten, en términos cuantitativos y cualitativos, [y] la sociedad responda exacerbando su crítica y su cuestionamiento", indicó.
"En el trasfondo [hay] un sentido político, porque estamos a puertas de un proceso electoral y creo que, fraccionando y debilitando el estado de derecho, a través de una serie de confrontaciones y cuestionamientos directamente dirigidos al Ministerio Público, al Poder Judicial, se estarían creando las condiciones sociales más adecuadas, dentro de este caos, para que no solamente el escenario electoral se vea fraccionado, sino para darle mayores posibilidades a aquellos candidatos que son muchas veces radicales frente a sus propuestas, pero que, en última instancia, crean las condiciones electorales más adecuadas para desprestigiar, desmerecer, a los partidos y a los candidatos o políticos tradicionales y darles una mayor opción a otras propuestas que, en el fondo, podrían estar encerrando algún ánimo totalitario, porque estas modificaciones no hay que verlas de manera aislada", agregó.
En esa línea, señaló que el Congreso estaría emitiendo leyes para "auto protegerse respecto a temas nucleares, que son temas de corrupción".
"Si analizas secuencialmente el debate y la discusión y cómo genera atracción estas discusiones, vamos a empezar a debatir y a discutir una serie de normas, como es el caso de la modificación de la Ley del Crimen Organizado; la modificación de la Ley Procesal Penal para resquebrajar todos los mecanismos en el tema del allanamiento; la ley que exime a los partidos políticos de responsabilidades penales y administrativas; la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público; la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial; el fortalecimiento dislocado de todo lo que significa la represión de los delitos de prevaricato, con una forma de acorralar a los magistrados y, por otro lado, abiertamente echándole la culpa del aumento de la delincuencia, entre otras instituciones, al Ministerio Público", enfatizó.
"Yo no entro a ser disquisiciones ideológicas respecto a las propuestas partidarias. Yo lo que reafirmo es que el fenómeno del crimen es político en el sentido de la capacidad o incapacidad del Estado para prevenir y controlar la delincuencia. Cuando la delincuencia se fomenta y se desarrolla de manera incontrolable, la delincuencia deja de ser un fenómeno criminal, un fenómeno criminológico, y se convierte en un fenómeno político", puntualizó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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