La contrarreforma universitaria en el Congreso: los Proyectos de Ley que debilitarían a la Sunedu

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Esdras Medina, presentó el pasado 11 de noviembre un proyecto de ley que propone que el superintendente de la Sunedu sea elegido por un consejo directivo conformado por representantes de universidades públicas y privadas en mayoría.

En solo cinco días, el parlamentario de Renovación Popular logró que el documento sea discutido en la comisión que preside. Un dato importante si tenemos en cuenta que hay proyectos que aún no han sido debatidos incluso semanas después de haber sido presentados.

Ahora, el congresista presentó un nuevo Proyecto de Ley que plantea oficialmente una segunda oportunidad para las universidades con licencia denegada. ¿Cuántas propuestas se han presentado en el Congreso contra la reforma universitaria?

Hasta el momento en el Congreso se han presentado más de 40 proyectos que buscan modificar de alguna manera la Ley Universitaria, y alrededor de 30 se encuentran ya en comisión. Si bien la mayoría propone pequeños cambios; vistos en conjunto representan un gran impacto: crear nuevas universidades, que los profesores puedan seguir dictando sin maestría a pesar de tener varios años para poder sacar el grado, o extender el bachillerato automático son propuestas que, según los especialistas, aparentan hacer el bien (son populistas), pero en el fondo hacen daño.

"[Si se aprueban estos proyectos] sería una especie de vuelta atrás. La universidad no es un ente autárquico. Tiene que obedecer a ciertos niveles de consensos en sus acciones para garantizar que sean directamente relacionadas con su labor, que es ofrecer una educación de calidad", sostuvo el superintendente de la Sunedu, Oswaldo Zegarra.

Desde su creación en el 2014, la Ley Universitaria reformó un sistema dominado por la Asamblea Nacional de Rectores, la cual demostró no poder cumplir con supervisar mínimamente la calidad universitaria.

Desde entonces, se avanzó con el licenciamiento de las universidades, entre otros lineamientos que combatieron la precariedad de la oferta universitaria. El exministro de Educación, Ricardo Cuenca, considera que lo que tenemos actualmente es un intento por debilitar la reforma. "Hay un conjunto de intereses particulares, un conjunto de posiciones ideológicas y, por cierto, algún nivel de desconocimiento de cómo funcionan los sistemas universitarios en el mundo, que hacen que permanentemente [la reforma] haya estado asediada".

Ataque contra la reforma universitaria

Especialistas han advertido, en el proyecto de ley que propone "devolver la autonomía universitaria" presentado por el congresista Esdras Medina, un intento de retroceso en la reforma universitaria. Se volvería así a un sistema en el que las universidades eligen a quienes los supervisan, similar a lo que fue la Asamblea Nacional de Rectores.

Según la propuesta, el o la superintendente de la Sunedu sería elegido por un Consejo Directivo conformado por 7 miembros, de los cuales 4 serían representantes de las universidades estatales y privadas.

"Plantear que [la elección del superintendente de la Sunedu] va a ser por dos representantes de las universidades públicas, dos de las universidades privadas y tres que serían entre la Defensoría del Pueblo, Concytec y Sineace... ya los cuatro son mayoría de las universidades y ahí definitivamente se va a designar a alguien que venga de los rectores, porque van a ser mayoría, no hay que ser ingenuos", sostuvo la congresista y exministra de Educación, Flor Pablo. "Esto quiere decir que, en el papel, se dirá que [la Sunedu] va a ser autónoma, pero no va a ser autónoma [en la realidad]", agregó.

Especialistas consultados para este informe hacen notar que esta se trata de una contrarreforma silenciosa, con Proyectos de Ley disfrazados como “beneficios”. Propuestas como la que amplía el plazo para sacar el bachiller sin hacer una tesis o la que amplía el plazo a los profesores para dictar sin maestría podrían entenderse como “beneficiosos”, pero son populistas.

Un comportamiento ético, que evite los conflictos de intereses en el Congreso, es lo que se espera de los parlamentarios. La calidad de la educación superior debe estar por encima de todo.