El Ministerio Público sigue la investigación contra Magaly Ruiz gracias a la información nueva que han recibido; sin embargo, el Congreso la blindó.
Una persona acudió hasta el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía para acogerse como colaborador eficaz para señalar que la congresista Magaly Ruiz estaba al tanto de los cobros y de exigirlos al intermediario. Así lo señaló un reportaje de Punto Final.
El aspirante a colaborador eficaz contó que el 19 de abril del 2022, dos días antes del depósito de sueldos, la parlamentaria conversó con su asesor Jhony Romero en su oficina descentralizada de La Esperanza, en Trujillo, La Libertad, para cerciorarse de los descuentos a los trabajadores.
“Antes de retirarse, de manera privada Magaly Ruiz le indicó a Johnny Romero que los trabajadores iban a entregar su bono de refrigerio, y para ello debía pasarles su cuenta bancaria, a efectos de que retire el dinero y se lo entregué”, indicó dicha persona en su declaración al que tuvo acceso el programa dominical.
Según testimonio de esta persona, la congresista salió de su domicilio y le entregó a Jhony Romero las llaves de su vehículo Hyundai Tucson, color plomo y lunas polarizadas. Ahí, el entonces asesor le habría dado el dinero a la parlamentaria.
“Magaly Ruiz le preguntó al señor Romero si tenía el dinero, dándole este los S/3 000 que había retirado, introduciendo ésta el dinero en una cartera color negra con hebilla dorada”, detalló.
Según el dominical, el pasado 16 de enero la Fiscalía resolvió precisar la imputación contra la congresista Magaly Ruiz por el delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado. Además, se decidió ampliar la investigación hasta junio.
Blindada en el Congreso
El año pasado Carlos Marina denunció en Punto Final este caso de recorte de sueldos que habría realizado la parlamentaria a fin de seguir en su puesto. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales mandó al archivo dicha investigación porque no se habría acreditado su participación ni la de su asesor en los hechos denunciados.
La Comisión de Ética Parlamentaria acordó solo imponer una amonestación pública escrita, y una multa de 30 días de remuneración contra la congresista Magaly Ruíz, por estos hechos.
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