Norma Yarrow sostuvo que el titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, viene tomando decisiones "bastante cuestionadas" y respaldó la denuncia constitucional que presentó Patricia Chirinos en su contra por archivar la pesquisa contra Martín Vizcarra por la adquisición de pruebas rápidas para detectar COVID-19.
Congreso
Norma Yarrow pidió priorizar denuncia constitucional contra fiscal de la Nación por archivar investigación a Martín Vizcarra
La congresista, Norma Yarrow, afirmó que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, viene tomando decisiones equivocadas como haber archivado la investigación que le abrió el Ministerio Público al exmandatario, Martín Vizcarra, por la adquisición de pruebas rápidas para detectar la COVID-19 en el 2020.
En ese sentido, la actual legisladora de Avanza País, respaldó la denuncia constitucional presentada por su colega de bancada, Patricia Chirinos, contra el alto funcionario y pidió que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidido por Lady Camones, “priorice” este tema.
“Sí espero se priorice […] Que se tome celeridad. Acá sí necesitamos celeridad sobre esta denuncia porque hemos visto que el interino Villenas está tomando decisiones bastantes cuestionadas y sobre todo el Ministerio Público ha demostrado una clara politización”, manifestó.
Pide inhabilitación por 10 años contra Villena
En la denuncia constitucional contra el titular del Ministerio Público, la congresista Patricia Chirinos solicitó sea inhabilitado por 10 años por presuntamente haber infringido la Constitucional.
Asimismo, acusó al fiscal general por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales.
Archivar la pesquisa contra Martín Vizcarra resulta para Chirinos “inverosímil” y presenta, además, “serias preocupaciones sobre la falta de rendición de cuentas y transparencia en la gestión de la crisis sanitaria por COVID-19”.
Sostuvo, también, que la decisión tomada por el fiscal de la Nación vulnera preceptos constitucionales “al no investigar a los presuntos responsables que pusieron en riesgo la vida e integridad de más de 33 millones de ciudadanos que confiaron en las políticas públicas durante el Gobierno de Vizcarra, quien aseguró que las pruebas rápidas eran una opción segura, pese a que no contaban con sustento científico-técnico”.
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