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La parlamentaria Patricia Chirinos afirmó en el documento que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia ha perdido su imparcialidad al atribuirse funciones que no le corresponden e impulsando "acciones cuasi delictivas".
La congresista Patricia Chirinos presentó este miércoles una moción de orden del día en la que plantea la remoción de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ): Imelda Julia Tumialán Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Henry José Ávila Herrera,
Antonio Humberto de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares, Guillermo Thornberry Villarán y Luz Inés Tello Valcárcel de Ñecco.
Según el documento, los miembros de la junta habrían incurrido en actos que “configuran una situación de causa grave” y por ello solicita que se aplique a todos el artículo 157 de la Constitución Política del Perú.
"En el comunicado de fecha 23 de mayo de 2023, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia solicitó al Congreso de la República mayor reflexión en torno a la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera', de ello se desprende abiertamente una vulneración al principio de separación de poderes, toda vez que la JNJ se desvía de la función encomendada constitucionalmente, consistente en nombrar y ratificar a jueces y fiscales a nivel nacional, lo cual menoscaba los principios establecidos en su propia Ley Orgánica y sus competencias que afiancen la institucionalidad democrática", se lee en la moción de Patricia Chirinos.
La legisladora sostuvo que la institución no tiene la facultad de “presionar” a los titulares de los poderes del Estado emitir pronunciamientos, toda vez que, por su propia función y Ley Orgánica, la Junta Nacional de Justicia se debe a los principios de imparcialidad.
La parlamentaria pone como otro elemento de prueba un reportaje periodístico en la cual revelan que tres miembros de la JNJ habrían presionado al presidente del Poder Judicial a favor de emitir un pronunciamiento cuestionado la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, por parte del Congreso de la República.
"El Pleno de la Junta Nacional de Justicia ha perdido su imparcialidad y objetividad al atribuirse funciones que no le corresponden e impulsando acciones cuasi delictivas", indica Chirinos en su moción.
La Comisión de Justicia será la encargada de recepcionar este documento e iniciar la investigación sumaria a los miembros de la JNJ, debiendo presentar un informe en el plazo máximo de 07 días hábiles.
En cuatro meses se resolvería demanda competencial
Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional, estimó que podría tardar hasta cuatro meses en resolver la demanda competencial planteada por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia, debido a las investigaciones que se le siguen a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Según precisó, la demanda competencial recién ha ingresado al Tribunal Constitucional que debe notificar a la Junta Nacional de Justicia, la cual tendrá un plazo de 30 días para responder, luego se realizará una audiencia y se tomará un tiempo similar para resolver.
“Es una demanda de naturaleza constitucional que recién ha ingresado al TC y se va a correr traslado al órgano emplazado que es la JNJ. (Luego viene la) audiencia y después también (habrá) otro plazo igual para resolver. Tres o cuatro meses, es lo que debe durar más o menos este proceso”, sostuvo el magistrado a 'Las cosas como son' de RPP.
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Pedro Luis Ramos Martinez Periodista
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