¿Qué son los crímenes de odio y por qué el Congreso no los reconoce?

El Pleno del Congreso votó este jueves por derogar el Decreto Legislativo 1323 del Gobierno, que buscaba proteger a poblaciones vulnerables contra crímenes de odio. La decisión fue apoyada por la mayoría fujimorista, para quienes fue una cuestión de fondo y no de forma. Para Frente Amplio y Peruanos por el Kambio, fue una decisión en contra de la comunidad LGTBI, una de las que se buscaba proteger.

¿Qué es un crimen de odio? Según la Liga Antidifamación, organización de Derechos Humanos basada en EE.UU., se da cuando un criminal elige a su víctima por su religión, origen étnico, orientación sexual, género o incapacidad física. “Si un criminal ataca a una víctima porque esa persona es judía o hispana, probablemente sea un crimen de odio”, explica su documento Una introducción a los Crímenes de Odio, disponible en su web. 

¿Qué es una ley contra crímenes de odio? Es el aumento de la penas a un criminal por si la víctima es escogida para el ataque por alguna de las condiciones mencionadas. Por ejemplo, si alguien mata a otra persona basado en su religión o su orientación sexual, se le aplicaría la pena por asesinato más un agravante por crimen de odio.

¿Por qué son necesarias estas leyes? Un crimen de este tipo impacta a la víctima y también a toda la comunidad a la que pertenece, explica la Liga Antidifamación. “La comunidad de la víctima queda sintiéndose victimizada, vulnerable, asustada, aislada y desprotegida por la ley. Tales crímenes también pueden llevar a represalias y a una peligrosa escalada de tensiones y violencia intergrupal. El impacto del crimen es mucho mayor que el ya terrible impacto sobre el individuo”.

¿Qué proponía el Gobierno? El Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo 1323 como parte de sus medidas de seguridad ciudadana para “fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género”. Se fijó como agravante cometer un crimen “bajo móviles de intolerancia o discriminación, como origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole”.

También se buscaba sancionar "actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia (...) basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier otro motivo. El castigo sería "pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas".

Aquí puedes leer el Decreto Legislativo 1323:

¿Por qué el Pleno votó en contra? Tras ser observado en el Congreso, el decreto fue derogado con votos de Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso. Según el fujimorismo, fue una decisión de forma más que de fondo: el decreto excedía las facultades legislativas que el Congreso le dio al Gobierno. Miguel Torres dijo que “se están revisando las formas, la constitucionalidad y los alcances en el marco de la delegación de facultades”. Úrsula Letona aseguró que los temas de género y orientación sexual no son parte de las facultades.

Del otro lado están quienes aseguran que fue un golpe directo a la comunidad LGTBI. Alberto de Belaunde (PPK) dijo a Perú 21 que la decisión era un retroceso para el país. “Más de 100 peruanos y peruanas han sido asesinadas por su orientación sexual” . Marisa Glave (FA) comentó en Twitter que se impusieron la discriminación y la violencia contra la comunidad LGTBI. “Se engaña diciendo que no hay materia delegada. La violencia de género y los crímenes de odio son también temas de seguridad ciudadana”.